Abogada panameña califica de inadmisible ley Helms-Burton

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Por Prensa Latina (PL) | 29 abril, 2019 |
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Panamá,-La abogada panameña Hadys González calificó hoy de inadmisible la aplicación de la ley Helms-Burton, la cual pretende tener efectos fuera del territorio estadounidense.

Pero, ‘lo peor es que los demás estados no se unan para contrarrestar esto, que todos están de acuerdo que es extraterritorial y viola el principio de la soberanía de los estados’, aseguró la letrada en declaraciones a Prensa Latina.

Recordó que este decreto jurídico genera polémica desde su creación en 1996, durante el gobierno del entonces presidente William Clinton, en tanto

trasgrede el principio de territorialidad de las leyes y del derecho internacional, pues un Estado pretende tener injerencia en la soberanía de otros, a través de sus jurisdicciones, algo que consideró totalmente inadmisible.

‘Esto es muy parecido a lo ocurrido hace un par de años en Panamá, cuando empresas nacionales se vieron afectadas por la Lista Clinton, en la que metieron a supuestos blanqueadores y financistas del terrorismo, sin darle la posibilidad a las personas que aparecían en ella de rebatir esas acusaciones’, explicó González.

Sin embargo, al final ellos (gobierno de Estados Unidos) admitieron que esas denuncias eran inadmisibles porque no cumplían con el debido proceso, relató la jurista, quien aseveró que este incidente tuvo un impacto importante en algunas empresas panameñas.

‘Debido a ello, un empresario se vio obligado a vender sus compañías, a meterlas en un fideicomiso, incluso hubo despidos de empleados, algo totalmente insólito’, acotó.

Y a reglón seguido, subrayó: ‘Me parece totalmente inadmisible que cualquier efecto que suceda en un país, tenga incidencia extraterritorial fuera de sus fronteras’.

La ley Helms-Burton codifica legalmente el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra La Habana desde 1962, mientras la activación del título III permitirá, a partir del 2 de mayo, llevar a cortes estadounidenses a personas de terceros países que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba, tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Los predecesores de Donald Trump desde Clinton (1993-2001), quien firmó el decreto, evitaron su puesta en práctica con suspensiones que se prorrogaban cada seis meses, debido a los perjuicios que también ocasionaría a Estados Unidos y a sus aliados, entre ellos la Unión Europea y Canadá.

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