Abrir espacios al orden y a la excelencia

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Por Juan Farrell Villa | 10 junio, 2016 |
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A menos de un mes de la aplicación de la Resolución 157 de 2016, que establece los precios máximos de compra de productos agrícolas, no era posible esperar un cambio radical e inmediato, aunque existe alguna mejoría.

Sin embargo, tras ese tiempo, preocupa la lenta reacción de los implicados para resolver las fisuras persistentes, que, para ser reparadas necesita mayor rigor en la concreción de lo legislado y potenciar iniciativas en la comercialización.

De qué sirve poner en la palestra pública un asunto, cuya solución es esencial por su repercusión en la alimentación de la población, si prolifera la ilegalidad o la chapucería, como  detectó un reciente recorrido de autoridades del gobierno y la Agricultura por unidades de Cauto Cristo, Yara, Manzanillo, Buey Arriba y Santa Rita, en Jiguaní.

Los problemas están relacionados con las indisciplinas, desorganización y presencia de una mentalidad obsoleta en los directivos, a la que hiciera referencia el General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central, en el Informe al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Mientras hay producciones en los campos de Granma, son recurrentes las violaciones: pizarras informativas desactualizadas en algunos mercados y placitas, carentes de uniformidad y estética, y listados de precios sin correspondencia con la calidad de la oferta, entre otras, que deterioran el servicio.

Los puntos de venta de la Agricultura Urbana tienen que acogerse a los precios establecidos en el listado aprobado por el Consejo de la Administración Provincial, al igual que los quioscos de las cooperativas y no por la oferta y demanda: ni boniato a dos pesos, ni calabaza a un peso la libra, cuando estamos en época de cosecha.

Otra cuestión, casi siempre soslayada, es el beneficio de los productos para mantener la higiene y no afectar  la economía ni la salud del consumidor.

Influyente en la ilegalidad son los instrumentos de medición sin certificar y que en sus pesajes, en muchos casos, no son fieles.

Tampoco es usual o viable encontrar un lugar donde los consumidores puedan verificar sus compras; además, no hay cultura   para conocer qué hacer ante una inconformidad o vulneración de derechos y resulta limitada la información: ¡el consumidor debe reclamar, está en su derecho!

Hay que lograr una ordenada y objetiva contratación en el surco, a punta de lápiz, después vendrá la interacción con Acopio; si resulta, permitirá al productor cumplir con el Estado y la alimentación popular, su primer deber, e impedir el desvío.

Asimismo, estamos obligados a enfrentar las ilegalidades en una lucha sin cuartel para acorralarlas, y proteger a quienes compran y venden de forma adecuada, especialmente, al pueblo trabajador, que no merece un mantenido quebranto a su bolsillo por unos cuantos inconscientes.

El asunto no acaba aquí, proseguiremos tratando el tema mientras la ilegalidad pretenda adueñarse de la comercialización de productos agropecuarios.

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