Más de la mitad de los granmenses vinculados al universo empresarial estatal, se inmiscuirán a partir de octubre próximo, en la Contribución Especial a la Seguridad Social.

Tal tributo ahora alcanzará  a aquellos que han tenido un incremento en sus remuneraciones mensuales, lo que consecuentemente determina para ellos mayores prestaciones de seguridad social.

Esta contribución ya se se aplica a trabajadores de empresas en perfeccionamiento, de la pesca de plataforma y de la inversión extranjera, así como del sector presupuestado como salud, educación, el sistema de tribunales, la Fiscalía General, la Contraloría General, que han sido beneficiados con incrementos en sus salarios escalas.

En el caso específico de la suroriental provincia de Granma, contribuirán unos 36 mil trabajadores cuyo salario, de acuerdo con lo legislado está por encima de los 500 pesos.

Ese dato expresa que quedará comprometido más de 50 por ciento del total de los vinculados a empresas del territorio, que rondan los 65 mil trabajadores.

Un amplio y esclarecedor debate se lleva a cabo actualmente en las entidades, a fin de que los colectivos comprendan la importancia de esa decisión nacional, que justifica el hecho de que, aunque los aportes por la Contribución a la Seguridad Social han aumentado, estos no cubren la totalidad del gasto que se necesita para respaldar todas las prestaciones pecuniarias del sistema de Seguridad Social.

Por tal motivo, el Presupuesto del Estado cubano ha destinado en los últimos años, entre mil 300 y mil 200 millones de pesos, que se logran por la captación de otros impuestos previstos en la Ley Tributaria.

Esta Contribución Especial es un tributo que se revierte directamente en el trabajador, el cual realizará un aporte mínimo y solidario al financiamiento de un sistema que lo protege a él y a su familia, en nuestra sociedad socialista, y que luego recibe mediante las pensiones por jubilación, cubre los riesgos de invalidez parcial o total y las licencias por maternidad a las madres trabajadoras, derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores.