Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del exmandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el exdirigente obrero, ‘sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas’.

Bajo una farsa, Lula fue penado a 12 años y 11 meses por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero. El proceso ahora está en el Tribunal Regional Federal de la cuarta Región (TRF-4) para juicio en segunda instancia.

La página digital señala que la condena fue hecha por la jueza Gabriela Hardt, en una ‘sentencia desmoralizada por ser una literal copia y pega’ de las acusaciones del caso del apartamento triplex de Guarujá, con extractos enteros del fallo emitido por el cuestionado exjuez Sérgio Moro, incluyendo las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el sitio de los amigos, quienes lo invitaron a hacerlo, pues tenían pleno derecho como dueños del lugar.

Pero los fiscales alegan que el exgobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

La anomalía de la sentencia está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el propio MPF reconoce al aceptar su pedido de venta.

A las claras, el expresidente no es beneficiario de las reformas, aunque haya frecuentado el lugar.

En la petición hecha por Bittar informa que ‘no más frecuenta el sitio, teniendo interés en su venta inmediata’ y reclama que ‘se determine la evaluación judicial’.