
El texto aprobado señala que la Cámara de Diputados pide al Congreso de Estados Unidos que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba y reitera que protegerá a las empresas mexicanas que decidan invertir en la isla.
Agrega que dicha disposición se toma en base a los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales.
También en la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.
En sus consideraciones la Mesa, presidida por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández e integrada por los vice Dolores Padierna, Marco Antonio Adame, María Sauri Riancho y Karla Yuritzi Almazán, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha revivido la amenaza del bloqueo a Cuba.
Según estimaciones, solo el recrudecimiento del bloqueo de abril de 2018 a marzo de 2019 representó un costo para la isla de cuatro mil 300 millones de dólares. Esto ha provocado severas afectaciones en los servicios de salud y de transporte.
Los diputados mexicanos denuncian que el sistema de salud cubano es de los más afectados al no poder el país acceder a medicamentos, reactivos, piezas de repuesto para equipos de diagnóstico, instrumental médico y otros insumos necesarios para la atención médica.
Se estima que las pérdidas económicas sufridas por Cuba a lo largo de seis décadas de bloqueo ascienden a 138 mil 843,4 millones de dólares a precios corrientes.
Estas pérdidas, añade, han lastrado el desarrollo económico y social cubano y, de continuar así, será imposible cumplir el compromiso de los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas respecto a alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Denuncian que el presidente estadounidense implementó como medida de presión el Título III de la Ley Helms-Burton, que recrudece el bloqueo, y reiteraron que el gobierno mexicano rechaza las leyes unilaterales con carácter extraterritorial que violan las normas del derecho internacional.