Al detallado plan de adquisición el mandatario agregó el carácter gratuito de la campaña de vacunación que comenzaría en el primer trimestre de 2021, dato confirmado por el Ministerio de Salud del país suramericano.
Esa institución explica que en una primera fase serán priorizados unos 15 millones de ciudadanos, entre ellos trabajadores de la salud, personas de la tercera edad y pacientes con comorbilidades.
Pero a pocos días del anuncio el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, informó sobre la posibilidad de que en el segundo semestre del año los colombianos puedan ‘adquirir con privados las vacunas contra el Covid-19’.
Molano explicó en una entrevista que la campaña de inmunización prevé llegar a 35 millones de personas en dos etapas, una de alcance público, y otra para la segunda mitad del año donde aparece el sector privado como mediador.
‘…se contempla la posibilidad de que los privados puedan adquirir vacunas contra el Covid-19 aprobadas por el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), siempre y cuando cumplan con el registro específico de personas inmunizadas’, declaró el político el diario El tiempo.
Según datos oficiales, la población de Colombia supera los 48 millones de habitantes, y el gobierno de Duque adquirió solo 40 millones de dosis de vacunas antiCovid y prevé aplicarlas a 35 millones.
El plan deja a más de 13 millones de colombianos fuera de los beneficios de la campaña, ya sea por la vía gratuita o pagando a proveedores privados.
Las autoridades sanitarias enfatizan en los principios de equidad, justicia y transparencia de la campaña, que aseguran ofrece la vacuna a toda la población, sin distinciones, y de manera gratuita.
Millones de personas sin posibilidad de ser inmunizadas y la mediación del sector privado para la adquisición del medicamento en la segunda fase echan por tierra los referidos principios, contradicciones que motivaron críticas en varios sectores de la sociedad colombiana.
Entre los detractores figuran políticos de oposición como la senadora del partido Fuerza Alternativa revolucionaria del Común (FARC), Sandra Ramírez, quien nombró al gobierno ‘Cartel de la vacuna’ por evaluar la venta del fármaco.
‘Es el colmo del descaro de @IvanDuque. Como se pronosticaba, este Gobierno planeaba un ‘Cartel de la Vacuna’, ya lo anuncian públicamente en medio de una crisis económica. ¿O sea que el que no tenga recursos económicos, se queda sin vacuna?. áMuy grave!’, compartió la legisladora en Twitter.
También cuestionó el procedimiento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que en Colombia las vacunas son administradas sin costo, y la campaña sobre la gratuidad busca liberar a las farmacéuticas de toda responsabilidad por efectos secundarios.
A lo anterior se suman las polémicas declaraciones del presidente Duque sobre la negación de la vacuna a los migrantes venezolanos sin estatus legal.
Duque aseguró en entrevista radial que los migrantes ilegales del vecino país no serán vacunados, porque en caso contrario ‘tendríamos un llamamiento a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen’.
La decisión fue rechazada por el partido FARC que tildó de fascista al mandatario; también se opuso el expresidente Ernesto Samper, quien llamó a organismos defensores de los derechos humanos a velar por el asunto.
Las autoridades sanitarias de Colombia confirman que el país superó el millón y medio de casos positivos a la Covid-19 y las 44 mil muertes por la enfermedad, la posibilidad de hacer efectivo el fin de la pandemia está en las manos de un gobierno que aún no define entre saldos políticos y la vida de sus ciudadanos.