Caracas, – Las movilizaciones populares para apoyar al presidente Nicolás Maduro y condenar los intentos golpistas de la oposición, liderada por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), signaron la semana que concluye hoy en Venezuela.
Con el propósito de crear un estado de caos e ingobernabilidad, la MUD continúa rigiendo la incitación a actos violentos que propicien el acceso a los poderes políticos de manera inconstitucional.

Así lo denuncian dirigentes gubernamentales y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que critican a la disidencia porque carece de un programa político viable por los cauces establecidos en la Constitución.

Botón de muestra es la frustración de los planes de los políticos Léster Toledo, Daniel Ceballos, Delson Guarate, Yon Goicochea y Carlos Melo, quienes el 7 de septiembre pretendían subvertir el orden y crear un conato de rebelión armada para favorecer un Golpe de Estado.

Contra acciones como esas, para respaldar la gestión económica y los programas sociales del Gobierno Bolivariano, el PSUV ha llamado a manifestarse en las calles del país y el pueblo ha respondido con multitudinarias concentraciones.

La víspera, el diputado a la Asamblea Nacional, Elías Jaua, acusó al presidente del órgano legislativo (de mayoría opositora), Henry Ramos Allup, de violar la Constitución al incitar a la violencia y el enfrentamiento civil.

Ramos Allup cultiva el odio contra los chavistas, por eso nos llama malandros, analfabetos, para provocar rencillas y guerra entre los venezolanos, aseguró Jaua en una concentración en el estado Cojedes.

Antes, el miércoles último, los venezolanos apoyaron la Revolución Bolivariana y la paz en la nación, en respuesta a la convocatoria de la MUD y otras organizaciones de la derecha, para protestar en los colegios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y realizar un paro laboral.

La oposición pretendía obligar a apresurar la aplicación de un referendo revocatorio contra Maduro, pero integrantes de movimientos sociales, asociaciones feministas, sindicatos obreros y la comunidad LGBTI, entre otros, se reunieron en los estados Sucre, Mérida, Falcón, Miranda, Anzoátegui y Carabobo para repudiar esa presión.

Precisamente la consulta derogatoria fue otro tema de importancia mediática, en virtud del anuncio de la rectora del CNE, Socorro Hernández, de que del 14 al 16 de septiembre comunicará el cronograma del proceso.

En agosto, pese a fraudes cometidos por los demandantes, el CNE validó la primera etapa de la causa revocatoria, consistente en recolectar el 1 por ciento de las firmas de los votantes registrados en el país.

Desde entonces, la derecha venezolana ha pretendido activar el referendo antes de concluir 2016 y, en caso de aprobarse la revocación, convocar a elecciones presidenciales.

Al respecto, autoridades electorales reiteraron que el referendo promovido incluso desde otras naciones y organizaciones internacionales, se realizará en 2017 si la MUD cumple los requisitos exigidos en las normas para realizar reparos y auditorías.

Hernández y las otras rectoras del CNE se negaron a tolerar presiones políticas y declararon que no acelerarán ninguna de las etapas establecidas en la Constitución de la República.

Además, confirmaron que la recolección del 20 por ciento de las firmas, fijada para la última semana de octubre, se detendrá si suceden irregularidades o hechos violentos durante su desarrollo.

Por otra parte, también sobresalió el inicio de la exploración del Arco Minero del Orinoco (AMO), proyecto del Gobierno Bolivariano para sustituir el modelo rentista petrolero (dependencia económica de los vaivenes del mercado internacional del crudo).

El ministro de Desarrollo Minero-Ecológico, Roberto Mirabal, comunicó que el programa de búsqueda, previo al de certificación, se desarrolla bajo parámetros científicos, ajustados a estrictas normativas internacionales, con participación de un equipo de geólogos y geógrafos venezolanos.

Tras el estudio de las principales reservas de minerales de la zona, se expedirán permisos legales y ambientales a proyectos rentables y sustentables, precisó.

El AMO permite recuperar recursos no renovables de forma racional para tributar a los objetivos de la agenda económica del país.

Ese modelo de desarrollo busca la sustentabilidad económica, ambiental y técnica, y la participación del pueblo representa una gran riqueza para Venezuela por la gran cultura minera de la población, señaló.

No hay oro, ni diamante, ni coltán que sea más importante que la participación directa de nuestras comunidades en este gran proyecto, aseguró.

A propósito, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, opinó en su cuenta de la red social Facebook, que se trata de una fuente de recursos y materia prima estratégica para diversificar los ingresos a la nación.

Avanzamos hacia la conformación de empresas mixtas, nacionales y extranjeras bajo un concepto novedoso, donde utilizamos tecnología de punta para la conservación ambiental, protección de las comunidades y pueblos indígenas, así como el resguardo soberano del sur del país, escribió el mandatario.

Repitió, además, que el 60 por ciento de cuanto se obtenga en esa Zona de Desarrollo se destinarán al Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones, políticas desarrolladas desde hace más de una década con los gobiernos de Maduro y su creador, Hugo Chávez (1954-2013), para beneficio  del pueblo venezolano.