Antes de escoger al nuevo presidente, la FIFA ha aprobado un paquete de medidas que suponen un cortafuegos contra la corrupción que ha llevado a esta organización centenaria a la peor crisis de su historia.

François Carrard, presidente independiente de la Comisión de Reformas, pidió el voto a favor en bloque, en lugar de una por una, para de esa forma evitar bloqueos que habrían restado credibilidad a la voluntad de cambio.

Las más importante tienen que ver con los órganos de gobierno, al cambiar un Comité Ejecutivo por un Consejo con más miembros, de 24 a 36, y reducir el peso del presidente para aumentar el del secretario general. De alguna forma, la política será para el primero; la administración para el segundo. En los dos casos, sus sueldos serán públicos. La separación de poderes es, pues, otro de los principios. El secretario general no podrá ser designado o despedido discrecionalmente por el presidente, sino que esas decisiones competerán al Consejo.

La FIFA creará una Comisión Financiera, con la inclusión, asimismo, de miembros independientes, que reportará al Consejo y, en su caso, al Congreso. En paralelo se creará, además, una Comisión de Auditoría. La transparencia es una de las claves del futuro, como prueba también el aspecto de los salarios de los altos cargos. En 2014, por ejemplo, la FIFA destinó 60 millones de euros a gastos de gobierno del organismo.

Una medida de calado es la limitación de mandatos, de 12 años, para el presidente y los consejeros. Asimismo, se pide un compromiso con la inclusión de la mujer en órganos directivos. Cada confederación deberá tener al menos una mujer en su Consejo.

Por último, la FIFA asume un mayor compromiso con los Derechos Humanos, algo que exige a sus federaciones asociadas. La incógnita es cómo lo explicará si su futuro presidente es Salman Bin Ibrahim, de Bahrein, acusado de haber señalado a deportistas que fueron torturados por su participación en la Primavera Árabe en su país.

La voluntad de la FIFA es que todas sus asociadas, además, asuman estas reformas para cambiar su gestión. La limitación de mandatos no encaja con la perennidad de la mayoría de dirigentes. Ángel María Villar, por ejemplo, dobla en España el límite del tiempo que ahora podrá estar en su lugar el nuevo presidente.