La reforma constitucional en marcha representa el principal camino en esa dirección, proceso que debe culminar en febrero del año próximo con un referendo popular destinado a definir la aprobación o no de una nueva carta magna, la cual sustituiría a la vigente desde 1976.

Esta semana sesionó en la capital el Consejo de Ministros, en el que se activó un grupo de trabajo para dirigir, coordinar, evaluar y controlar la labor legislativa que se desprenda de la implementación de la nueva ley de leyes, si en definitiva, como se espera, es respaldada en las urnas por la mayoría de los cubanos.

El equipo creado lo encabeza el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, quien llamó en la reciente reunión a aprovechar todas las potencialidades existentes en el ámbito de los juristas.

Por su parte, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, advirtió que de entrar en vigor una nueva Constitución, sería necesaria una ardua labor, considerando la avalancha de normativas que tendrían que emitirse para lograr la debida instrumentación jurídica.

Según expertos consultados por Prensa Latina, haría falta en la mayor de las Antillas elaborar o actualizar al menos 50 leyes, cifra aún muy lejos de resultar definitiva.

El miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, señaló que la primera tarea del Poder Legislativo después de aprobada la Constitución, debería ser preparar una nueva Ley Electoral.

Durante un encuentro en el Capitolio con la líder parlamentaria sudafricana Baleka Mbete, Lazo destacó la consulta popular que comenzó el 13 de agosto, y culminará el 15 de noviembre, sobre el proyecto de nueva carta magna, el cual representa una reforma total de la vigente.

En ese sentido, resaltó la amplia participación de cubanos de todos los sectores en las reuniones que se celebran en barrios y centros de trabajo y estudio.

Al terminar el proceso de discusiones, que también incluye a los cubanos residentes en el exterior y a quienes cumplen misión oficial en otros países, las propuestas de adición, modificación o eliminación en el texto de 224 artículos regresarán a la Asamblea Nacional, en aras de establecer el documento que se someterá a referendo.

La iniciativa aprobada en la Asamblea el 22 julio para el debate popular recoge cambios significativos en la estructura del Estado, amplía las formas de propiedad y los derechos individuales, y establece principios para el desarrollo de la economía y la ejecución de la política exterior de la isla.

Aunque el texto constituye una reforma total de la actual ley de leyes, mantiene el carácter socialista de Cuba y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista.