Cuba: más orden en el ciberespacio

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Por Agencia Cubana de Noticias (ACN) | 20 agosto, 2021 |
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FOTO/ Tomada de ACN

En tiempos tan convulsos para la humanidad como los actuales, las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics), representan un arma, empleada indistintamente para hacer bien o mal, informar o desinformar, sumar o restar intereses o interesados a una causa, actuar con justicia o crueldad, simular falsas libertades y disfrazar la opinión pública.

Inmersa en ese escenario, Cuba actualiza el marco jurídico en materia de telecomunicaciones y tipifica incidentes de ciberseguridad mediante la aprobación del Decreto Ley No. 35, el cual reconoce los deberes y derechos tanto de los usuarios como de operadores y proveedores de servicios públicos de esta rama.

Apenas unas horas después de su publicación en la Gaceta Oficial, no faltan detractores que aluden a una coaptación de la libertad de expresión, sin embargo, lo que se requiere más bien es despojarse de toda ingenuidad e incrementar la cultura sobre el empleo de las redes sociales.

Es necesario actuar de manera racional (sin dejarse llevar por impulsos) y revisar cuándo, cómo y dónde se plasman los problemas, para tener la certeza de que serán atendidos y solucionados, sin el temor de que puedan convertirse en combustible para avivar un fuego.

Sin intentar tapar el sol con un dedo o vivir a espaldas de la realidad, me resisto a sumarme al equipo de quienes hacen leña del árbol caído y reducen sus acciones a promover la crítica desmesurada, en espacios inapropiados, alimentando ―de manera consciente o involuntaria― enfrentamientos o asesinatos mediáticos.

No se trata de limitar la libertad de expresión, reconocida como derecho constitucional, sino de evaluar la justeza, el alcance y la pertinencia de opiniones, quejas o denuncias en espacios “libres” como las redes sociales, en momentos de irritación ante lo mal hecho, incluida la inadecuada atención a las demandas realizadas por los calificados como “canales pertinentes”.

Sin embargo, verter las insatisfacciones en plataformas como Facebook, no rebasa en la mayoría de los casos la aprobación, el apoyo sentimental o el rechazo de algunos amigos.

Tampoco disminuyen el dolor, la indignación ni el desasosiego ante determinados incidentes, en tanto no faltan quienes emplean sus preocupaciones para fomentar campañas de descrédito contra Cuba.

Las agresiones mediáticas de los últimos meses aluden al aprovechamiento de opiniones expresas en Internet para presentar un presunto clima de inestabilidad e incitar a la desobediencia y el desorden público.

Se apela a añejas fórmulas como la generalización de criterios negativos, sin contextualizar hechos ni circunstancias, obviando la persistencia y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba como causas fundamentales de la crisis.

Así, sin saberlo, nos incluyen en el “juego”, sin previa solicitud de participación, y comenzamos a formar parte de una maquinaria de manipulaciones mediáticas, encaminada a identificar el interés público con el de una minoría (dentro y fuera de Cuba), recurrida estrategia de los enemigos que nos obliga, de manera constante, a desmentir falsas noticias.

No obstante, resulta apropiado no desestimar el empleo de esos espacios para medir la temperatura de la sociedad y lograr un mejor aprovechamiento de los canales establecidos para la comunicación perenne y oportuna con la ciudadanía.

Ante el acelerado crecimiento y empleo de las Tics, el Estado cubano ha reconocido la pertinencia de optimizar la utilización del ciberespacio para sus gestiones, así lo confirman mecanismos para desarrollar el gobierno electrónico, como los portales del ciudadano.

Se expresa de esta manera la voluntad de impulsar el diálogo entre los dirigentes y el pueblo, y se consolida la comunicación como pilar fundamental en la gestión de gobierno.

En ese contexto, el Decreto Ley No. 35, De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico, permite al país contar con una norma jurídica para habilitar, a partir de deberes y derechos, la protección sin diferencias a los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones estatales y privadas de todo tipo.

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