La Habana, – La contribución al plan del Estado con políticas adecuadas para la adaptación y mitigación del cambio climático constituye una de las líneas de trabajo de los investigadores cubanos, refirió el doctor Eduardo Planos Gutiérrez, director del proyecto sobre ese fenómeno ambiental en el Instituto de Meteorología.
Según trascendió en el recién concluido Taller de Neomovilidad en La Habana, los especialistas cubanos han trabajado en los últimos años en la realización de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, así como también en la evaluación integrada del impacto en áreas piloto para realizar estudios de caso.
La propuesta reforzará la capacidad técnica e institucional de Cuba para implementar medidas frente al cambio climático, destacó el especialista en la exposición, que constituyó la tercera comunicación nacional sobre el tema, y el primer reporte de actualización bienal de la convención Marco de Naciones Unidas.
Subrayó que en los estudios sobre ese fenómeno ambiental se han detectado como principales amenazas para el país el aumento de la temperatura del aire, la disminución de las precipitaciones, el incremento del nivel promedio del mar, y el comportamiento de los extremos hidrometeorológicos.
Como riesgos asociados señaló, entre otros, la pérdida de territorios, la reducción de recursos hídricos, cambios en los equilibrios de los ecosistemas, y la fragmentación o extinción de sistemas medioambientales únicos.
La convención Marco establece que las naciones deben informar sobre las fuentes de emisión y absorción de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el protocolo de Montreal, y los programas nacionales para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático.
Junto a la Agencias Financista e Implementadora, Cuba realiza el proyecto con la unión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y el Instituto de Meteorología.
La primera evaluación sobre el cambio climático en la Isla tuvo lugar en 1991, cuando 70 especialistas de más de 15 instituciones y ministerios estudiaron las repercusiones potenciales de ese fenómeno global para la mayor de Las Antillas, así como también las capacidades y necesidades en materia de datos e información disponible para la observación del clima y la composición atmosférica en el territorio nacional.