Ese bloqueo económico impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de cinco décadas, como corroboran de forma consecutiva las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, viola los propósitos  de la Carta de esta Organización, los principios del derecho internacional que norman las relaciones entre estados soberanos, y los de la libertad de comercio y navegación internacional.

Además de sus efectos económicos  acarrea sufrimientos a pacientes y familiares por su incidencia directa en la salud de la gente, y obliga al país a adquirir equipamientos y productos  a mayores precios en mercados más distantes; recursos que en ocasiones los enfermos requieren con premura.

Son incontables los ejemplos que pudieran ilustrar tal afirmación, uno de ellos es el de nuestro compañero Juan Rodríguez, antiguo diseñador del semanario La Demajagua, aquejado de Parkinson, que  no puede mantener de manera sistemática el tratamiento de Levodopa con Benzeracida, porque la carencia en la nación de una de las materias primas para su elaboración, impide la existencia del medicamento de manera permanente.

Este caso no es aislado, como él, cientos de cubanos con esa patología se quedan sin la medicación requerida.

Es un hecho que el embargo económico contra la Mayor de las Antillas deviene un acto de genocidio de acuerdo con lo estipulado por la Convención de Ginebra para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y como un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Entre los ejemplos de los obstáculos del bloqueo para el sector de la salud está el hecho de privar a la salud pública cubana de un Equipo Analizador de Genes con capacidad de secuencia automática y análisis de fragmentos, procedimiento necesario para estudiar enfermedades tales como el cáncer de mamas, de colon y de próstata.

Como otro ejemplo de la repercusión negativa en la salud se aprecian los obstáculos para adquirir sondas vesicales, digestivas y traqueales de mayor durabilidad y calidad para la atención pediátrica, porque a las empresas farmacéuticas norteamericanas se les prohíbe comercializar tales productos con Cuba.

También sobresale que Cuba no puede adquirir tecnologías de punta controladas por Estados Unidos como la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, destinada al Programa de Atención al Paciente Renal Crónico, e  inmunosupresores modernos como el FK506.

Desde el año 2001, el Gobierno cubano ha tratado de obtener ofertas de plaguicidas para combatir el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el Zika, el Chicunguya y la fiebre amarilla por el solo hecho de que la planta productora de la misma se encuentra en territorio norteamericano, se nos ha negado el derecho a su adquisición.

Esa política genocida estadounidense tiene el rechazo de una gran parte de la comunidad internacional.