Hasta este viernes habían acudido a las sedes de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en la suroriental provincia de Granma, prácticamente el 50 por ciento de los trabajadores por cuenta propia, comprometidos a realizar declaración jurada de sus ingresos personales y pago de tributos.

Durante esta campaña 2017, en marcha desde los primeros días de enero, deben realizar el trámite cuatro mil 996 granmenses integrados en ese segmento laboral, de acuerdo con el potencial inicialmente fijado.

Directivos de la ONAT dan cuenta que el hecho de que casi la mitad de ellos ya hayan cumplido con tal responsabilidad fiscal,  evidencia, por una parte, compromiso, y por otra, la voluntad de recibir la bonificación de un cinco por ciento por el pronto pago, a quienes se presenten antes del 28 de febrero.

Lo negativo ha estado en que, las mayores cifras de afluencia han sucedido en los últimos tres días, lo cual complejiza el trabajo de las oficinas. Solo este jueves, la sede de Bayamo, capital provincial, atendió a cerca de un centenar de declarantes, punto sobre el cual deberá influirse más en venideros procesos.

La situación más difícil, sin embargo, se presenta con los artistas, pues de los mil 425 involucrados, ha declarado solo el 14 por ciento, en lo cual mucha responsabilidad tiene su entidad representante, pues no ha realizado y entregado a estos en el tiempo convenido, las certificaciones de ingresos.

Esa deficiente gestión atenta no solo contra la marcha de la campaña, sino también contra los propios declarantes, quienes de hecho ya pierden la posibilidad del beneficio del pronto pago arriba mencionado.

Transformar esa situación es imprescindible en todos los municipios, para adelantar en el trámite, y para que por lo menos los artistas puedan acogerse a otro beneficio para ellos dispuesto, que es un descuento de hasta el 30 por ciento del impuesto a pagar, si declaran antes del cierre de abril.

Las autoridades gubernamentales y del sector de la cultura en cada localidad, deben exigir más sobre ese asunto, que denota que el Centro provincial de la Música no se preparó con el tiempo adecuado para enfrentar un proceso que no es opción, sino responsabilidad fiscal, y con esa naturaleza hay que responder.