Díaz-Canel: la Helms-Burton es absurda e ilegal

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Por Agencia Cubana de Noticias (ACN) | 5 marzo, 2019 |
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La Habana, – De absurda e ilegal calificó Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a la ley Helms-Burton, cuyo título III ha sido parcialmente puesto en vigor según anunció este lunes el Departamento de Estado norteamericano.

   La Helms-Burton es absurda, una ley ilegal. No se puede legislar contra el mundo, ni desconocer la soberanía de cada país. #Cuba es una nación independiente y soberana, que respeta y exige respeto. Señores imperialistas aprendan de una vez: la dignidad es invencible #SomosCuba, dijo en Twitter el mandatario cubano.
   Este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas emitió una declaración en la que rechaza enérgicamente la nueva escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos y  reitera a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan en Cuba todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos.
    Aclara, a la vez, que quedará excluido de futuras posibles negociaciones quien utilice los procedimientos y mecanismos de la ley Helms-Burton en perjuicio de otros.
    De acuerdo con un anuncio realizado este lunes en Estados Unidos, a partir del 19 de marzo, se levantará la suspensión de la posibilidad de presentar demandas en tribunales norteamericanos contra decenas de empresas de la nación caribeña incluidas en una lista unilateral del Departamento de Estado, por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional.
  El Título III de la Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
  Los presidentes de Estados Unidos habían suspendido de manera consecutiva la aplicación del mismo por seis meses, pero en enero pasado, Donald Trump anunció que lo haría por solo 45 días a partir del 1 de febrero, una postura denunciada en la mayor de las Antillas como un chantaje y parte del empeño en recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero.

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