El presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene en vilo al país, faltando solo 10 días para que venza el plazo otorgado para sancionar la referida normativa, columna vertebral del Acuerdo de Paz.

Sobre la dilación para ser avalada, el dirigente de las FARC Pastor Alape comentó que hay preocupación en que el destino final de la Ley Estatutaria sea el mismo que la promesa incumplida de las 16 jurisdicciones especiales para la paz que habían sido también pactadas.

Por su parte Jairo Quintero, representante a la Cámara por el partido fariano, insistió en que las víctimas deben conocer la verdad, ser reparadas y garantizarles la no repetición del conflicto, no ser usadas como excusa para entorpecer la reconciliación del país.

La JEP es indispensable para construir la paz en Colombia, enfatizó el congresista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El Consejo Político Nacional de las FARC ha señalado que la JEP es crucial para que las víctimas puedan ser reparadas y garantizar la no repetición del conflicto.

La JEP fue creada como parte del Acuerdo de Paz alcanzado tras varios años de negociación en Cuba entre el Estado colombiano y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

El objetivo de esa jurisdicción es poder garantizar la no repetición de los hechos ocurridos durante la guerra y ayudar a restaurar las comunidades afectadas con el fin de encauzar la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Colombia necesita de la Jurisdicción Especial para la Paz, como necesita de esta última, para superar la noche de odios y rencores en que se hundió por tanto tiempo, indicó un comunicado de las FARC la semana pasada.

El Presidente Duque está obligado a sancionarla en su integridad, so pena de hacer del Estado colombiano un agente de perfidia y condenar la nación a un futuro trágico y vergonzoso, añadió la declaración de la exguerrilla.

La ley estatutaria permitiría a la JEP, tribunal encargado de juzgar los crímenes y hechos violentos ocurridos durante la guerra, un aprovechamiento de recursos jurídicos y un funcionamiento total del ente.

La presidencia del tribunal de paz ha manifestado que la sanción presidencial de la Estatutaria de la JEP beneficiaría a nueve mil 691 excombatientes de las FARC, a mil 958 miembros de la fuerza pública y a 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido a esta jurisdicción.