La fresca mañana de febrero sentí satisfacción, como siempre que por planificaciones de trabajo me corresponde asistir a encuentros, reuniones o cualquier actividad de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI).

Llegar con antelación al inicio de aquel pleno me posibilitó no sólo escuchar a más de una veintena de personas hablar desenfadadamente de diversos temas, sino cerrar los ojos e intentar, por corto tiempo, ser uno de ellos, pero no resultó, me falta la destreza para oír, olfatear y palpar la vida en las sutilezas de la oscuridad, porque ellos, sencillamente se aferran al mundo a través de experiencias y sensaciones sonoras que los videntes no sabemos asir.

De la jornada resultó emocionante el compromiso de la Licenciada en Derecho Yennis Figueredo Pérez, electa como la delegada directa de la provincia de Granma al Octavo Congreso de la ANCI, “seré fiel representante de la asociación en el territorio y vocero de todas las inquietudes y criterios de ustedes”, porque en ella se resume la voluntad humana y el lema para la inclusión de que “el que quiere puede”.

En 35 años de existencia, luego de haber disfrutado la maternidad, el matrimonio y su profesión, de seguro podría asegurar que enfrentó, y aún lo hace, pruebas duras, pues el mundo está hecho a imagen y semejanza de los videntes, pero ha sabido imponerse, amparada por las bondades que el Estado cubano pone a disposición de las personas con discapacidad desde el propio triunfo revolucionario, cuando quedaron atrás los conceptos de subvaloración y marginación a que estaban sometidos esos ciudadanos.

Más de dos mil 370 granmenses integran la ANCI, organización no gubernamental que cada vez gana más conciencia de su rol social, y aunque quizás en la base pudiera hacer una labor más creativa y dinámica, logró en el último año, por ejemplo, tener tres jóvenes incorporados a la Universidad, 164 afiliados como parte de la Cátedra del Adulto Mayor, 215 ciegos laborando en centros ordinarios, 74 por cuenta propia, ocho incorporados a otras formas de empleo y 13 a talleres especiales.

También que en la etapa señalada se les otorgaran dos viviendas, cinco fueran reparadas, a 12 familias se les aprobara el subsidio para mejorar sus hogares y a 137 casos las direcciones de Trabajo entregaran ropa, calzado, equipos electrodomésticos, camas, colchones y juegos de comedor, entre otros bienes.

Todo lo enumerado demuestra la prioridad de atención que en el país se les da a las personas con discapacidad, ayuda estatal que en los últimos años ha estado limitada por la situación económica imperante como consecuencia del bloqueo norteamericano impuesto.

Estadísticas de la UNESCO registran que en el mundo hay casi 600 millones de seres humanos con algún tipo de discapacidad, de ellos unos 16 millones en América Latina y el Caribe y solo el tres por ciento de estos últimos recibe algún tipo ayuda estatal.

Lo cual no sucede ni sucederá en la Mayor de las Antillas, porque la nueva Constitución de la República cuyo referendo será el próximo día 24 plantea en el TITULO V Derechos, deberes y garantías; Capítulo III Las Familias, Artículo 89:

“El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social”.