Los nativos del departamento del Cauca, uno de los más violentos del país, llegan a Bogotá para apoyar las movilizaciones que se desencadenaron tras el paro.

La whipala, considerada estandarte de la lucha de los pueblos originarios, acompaña a los indígenas en las manifestaciones que desde hace una semana llevan a las calles de Colombia a miles de personas para expresar su descontento con políticas gubernamentales.

Ataviados también con otro de sus símbolos, los bastones de mando, los nativos se movilizaron por la vida, por la paz, por el respeto a sus territorios, en un contexto marcado por frecuentes hechos de violencia contra miembros de esas comunidades.

Cuentan con nosotros para la paz, nunca para la guerra, es una de las principales consignas de los indígenas, quienes constantemente denuncian la invasión de sus territorios y los ataques que sufren por parte de grupos armados que operan al margen de la ley.

Nos movilizamos por la defensa de la vida. En los caminos del fortalecimiento de la unidad, el territorio y el gobierno propio, frente a la emergencia territorial y humanitaria que siguen padeciendo nuestros territorios por el genocidio sistemático, expresó el CRIC.

El Consejo detalló que del año 2016 al 2019 se reportaron en el Cauca 126 homicidios, 264 amenazas individuales y 80 colectivas, 32 atentados, siete masacres, siete casos de reclutamiento de menores y otras afectaciones.

Sólo en el año 2019, precisó, asesinaron más de 67 personas, las cuáles eran de la guardia indígena o eran líderes y autoridades en ejercicio.

El CRIC apuntó que ‘el gobierno nacional una vez más ha incumplido los acuerdos con las comunidades indígenas y organizaciones sociales’.

Hoy las comunidades no vemos avances ni garantías por parte del Gobierno, ni respuestas al debate político en temas estructurales. No quieren darles la cara a los pueblos indígenas, lo cual agrava la emergencia social, económica y humanitaria, recalcó.

En opinión del Consejo, el Gobierno de (Iván) Duque y su partido político (Centro Democrático), han acudido a diversas estrategias para volver trizas al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Desconocen el derecho de las víctimas y las comunidades; destruyen los puntos trasversales del Acuerdo, entre ellos, la reforma rural integral, la participación política, la solución a los cultivos de uso ilícito, el reconocimiento y restablecimiento de los derechos de las víctimas y el capítulo étnico, puntualizó.

El CRIC señaló que ‘va en contra de la Constitución colombiana que el derecho a la protesta y movilización social se vea amenazado desde el Gobierno creando un estado de opinión en contra del paro nacional y haciendo señalamientos a quienes llamamos a participar en el mismo’.

Aduce el presidente Duque que respeta este derecho, pero a la vez amenaza con medidas represivas y las empieza a implementar, actuando como si se encontrara en un estado de conmoción interna, anunciando incluso medidas excepcionales, añadió.