Un detallado artículo publicado por el portal de investigación y análisis Misión Verdad, reveló las intenciones del dictamen de erigirse en instrumento de criminalización de las autoridades venezolanas, además de sentar las bases para el desconocimiento de los resultados electorales por parte de varios países.

Sus promotores procuran extender por otros cinco años la crisis política inducida en el país sudamericano y el pretendido gobierno interino del dirigente opositor Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos y sus aliados internacionales, un componente esencial para la continuidad del bloqueo económico, señaló el artículo.

Tras la publicación del informe de la denominada Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, la Unión Europea ratificó su posición de no participar como acompañante en las elecciones para renovar la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

El bloque se desmarcó de los comicios al declarar supuesta inoperancia para organizar una misión de observación a falta de tres meses para el ejercicio democrático.

‘…ahora sus representantes diplomáticos declaran que las condiciones en materia de derechos humanos en el país inhabilitan tal posibilidad’, aseveró Misión Verdad.

En tal sentido, la política exterior de la Unión Europea viró nuevamente a favor de la agenda estadounidense que pretende la continuidad de la crisis política en Venezuela y el sostenimiento extemporáneo de la actual Asamblea Nacional, en desacato desde 2016.

La posición del ente comunitario iría en clara articulación con declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien esgrimió las supuestas condiciones en materia de derechos humanos como obstáculo para organizar o reconocer las elecciones legislativas.

Promovida por un conjunto de países alineados a la estrategia estadounidense de construir un falso expediente contra Venezuela, la gestión de la denominada Misión de Determinación de Hechos recibió el rechazo del gobierno venezolano en diciembre de 2019.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó el informe de la comisión independiente como un componente de la campaña de difamación contra la nación sudamericana.

En recientes declaraciones, Arreaza denunció la asignación de cinco millones de dólares para la elaboración del dictamen, percibido por las autoridades de Caracas como ‘un fraude irresponsable y un monumento a la propaganda de guerra’, dirigido a torpedear el diálogo político nacional.

Los supuestos expertos encargados de redactar el informe nunca visitaron Venezuela ni entrevistaron a autoridades o víctimas de violaciones de derechos humanos, subrayó el titular, al recordar que desde 2018 se encuentra en el país un equipo de la oficina de la alta comisionada de la ONU en ese ámbito, Michelle Bachelet.