El fiscal Pérez pidió hace algunas semanas al juez Víctor Zúñiga, quien monitorea el caso y excarceló a la dirigente a mediados de 2020, que revoque la libertad con comparecencia (una especie de libertad condicional) que otorgó entonces a Fujimori.
Argumenta que su regreso a la prisión preventiva procede debido a que incumplió las normas de su libertad que le prohíben contactar con testigos y coacusados de la concluida investigación contra ella y otras 41 personas por lavado de activos y otros delitos.
Pérez mencionó en concreto las actividades electorales realizadas por Fujimori junto a su actual vocero político, Miguel Torres, aunque ambos niegan que este sea testigo del caso, mientras el fiscal insiste en que sí lo es y hasta lo interrogó.
Como es una constante desde el inicio de las indagaciones, hace más de dos años, la hija del exgobernante Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad, acusa a Pérez de actuar en su contra por motivaciones políticas.
La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, pidió ayer al juez a cargo, Víctor Zúñiga, que la audiencia sea presencial y no a distancia ‘para defendernos de un pedido arbitrario’, sin especificar las razones de la solicitud.
El Poder Judicial, debido al estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, solo realiza audiencias por teleconferencia para evitar contagios de la enfermedad.
Según afirman algunos de sus críticos, los afanes de Keiko Fujimori para anular masivamente actas de sufragio de regiones en las que Castillo tiene amplia mayoría y hacerse así de la Presidencia tienen como objetivo obtener la inmunidad de los jefes de Estado.
En tan remoto caso, el juicio continuará contra los 41 coacusados de lavado de activos con fondos ocultos recibidos para anteriores campañas electorales y ella sería juzgada tras terminar su quinquenio de gobierno.