A inicio de 1895, se habían incorporado a la lucha por la independencia tres provincias del centro y el oriente del país, y se habían constituido cuatro cuerpos de ejército: dos en Oriente, bajo el mando de Antonio Maceo y Bartolomé Masó, respectivamente; otro en Camagüey y el último en Las Villas.

La falta de coordinación, unidad y criterio entre ellos dio lugar a que se convocara a una Asamblea Constituyente, en Jimaguayú, Camagüey, a propuesta de Máximo Gómez, como homenaje al héroe Ignacio Agramonte, caído en ese lugar en 1873.

Durante los días del 13 al 16 de septiembre de 1895 se celebra la asamblea con el propósito de lograr la unión de las fuerzas revolucionarias para evitar las discordias surgidas en la guerra de los Diez Años y así continuar el camino de la victoria.

Se crea una Constitución similar a la de Guáimaro y en ella se elige un poder civil más reducido y práctico formado por un Consejo de Gobierno que estaba compuesto por un presidente (Salvador Cisneros Betancourt), un vicepresidente y 4 secretarios. Este gobierno civil tenía atribuciones sobre los asuntos políticos y económicos pero con facultades limitadas sobre lo militar. Se planteó que tanto esta Constitución como los acuerdos de esta asamblea tendrían vigencia sólo por dos años cuando se convocaría otra asamblea.

Quedaba además ratificado como General en Jefe, Máximo Gómez, y como su Lugarteniente General, Antonio Maceo.

La última contienda bélica contra el colonialismo español por la independencia de Cuba, contó a partir de entonces con este trascendental cuerpo legal.

Todo quedó listo para que los patriotas elegidos integraran el revolucionario Parlamento en Jimaguayú, bajo la presidencia del camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt.

La Constitución de Jimaguayú estableció, como su antecesora de Guáimaro en 1869, un gobierno centralizado de la República, pero a diferencia de ella unió en un solo cuerpo los poderes legislativo y ejecutivo.

Dicho gobierno no debía interferir el aparato militar, y quedó integrado por Salvador Cisneros Betancourt, presidente; Bartolomé Masó, vicepresidente; Carlos Roloff, secretario de Guerra; Severo Pina Estrada, secretario de Hacienda; Santiago García Cañizares, secretario del Interior, y Rafael Portuondo Tamayo, secretario del Exterior.

La Constitución de Jimaguayú no recogió las concepciones de Martí sobre la libertad que él consideraba debía tener el ejército para actuar.

El documento señaló a su vez que el Consejo de Gobierno tan sólo intervendría en la dirección de las operaciones militares cuando a su juicio, sea necesario a la realización de altos fines políticos.

La Constitución de Jimaguayú hace 125 años cerró una brecha al choque entre civiles y militares que no pudo salvar la de Guáimaro.