La Fiscalía en Cuba, garante de los derechos del adulto mayor

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Por Agencia Cubana de Noticias (ACN) | 7 junio, 2018 |
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Ante el incremento progresivo del envejecimiento poblacional en Cuba, el rol de la Fiscalía General de la República, como garante de los derechos del adulto mayor, también adquiere cada vez mayor importancia.
En tal sentido, para Yudelkis Arestuche Torres, fiscal de la provincia de Matanzas, tres razones principales inciden actualmente en ese fenómeno: la disminución de la fecundidad, la emigración de población joven como consecuencia de las dificultades económicas derivadas del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la reducción de la mortalidad.

Hoy el aumento de la cifra de personas con 60 años o más constituye el principal problema demográfico de la Isla y de continuar esa tendencia, en el año 2025 sería uno de los países más envejecidos de América Latina con un promedio de sobrevivencia superior a los 78 años, dijo a los participantes en el reciente Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, celebrado en La Habana.

Lo anterior evidencia la necesidad de implementar estrategias y acciones para lograr que esos grupos poblacionales – en muchas ocasiones en situación de vulnerabilidad-, cuenten con un sistema de garantías que les permita disfrutar de mayor calidad de vida.

Por tal motivo, adujo Arestuche Torres, se abre un abanico de responsabilidades que van desde el rol del Estado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos – tarea priorizada por organismos y organizaciones sociales-, hasta el papel preponderante que debe desempeñar la familia en este asunto.

En su opinión la actual tendencia al envejecimiento exige aumentar los gastos de seguridad social, servicios médicos y la atención especializada, así como lograr una política eficaz que garantice la incorporación de los adultos a la vida social y familiar, con plena facultades para pensar y decidir por ellos mismos.

Normativas o legislaciones como la Ley No.83 de 1997, de la Fiscalía General de la República, velan por el ejercicio legítimo de los derechos e intereses de esos ciudadanos.

Por ello, no es extraño que en sus visitas de control a los Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos con el fin de proteger a este sector poblacional, la institución se auxilie de equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos y especialistas de Higiene y Epidemiología, alimentación (dietistas), de atención primaria de salud, Trabajo y Planificación Física, entre otros.

En esos controles verifican si existen casos de hacinamiento, definen la existencia de familiares obligados al cuidado del anciano, y de tener bienes determinan si se requiere protección legal para el ejercicio de sus derechos, como bien explicó el representante de la Fiscalía Provincial de Matanzas a juristas de otras naciones.

Estas acciones periódicas, les dijo, contribuyen a restablecer la legalidad quebrantada en los casos en que se detecten.

Hoy día no son pocos los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones de vida del adulto mayor con la creación de nuevos Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos, así como la reparación de buena parte de los existentes, para lo cual se ha destinado un presupuesto que supera los cinco millones 881 mil cuc.

También se incrementaron las capacidades diurnas en aras de acoger a un grupo superior de esas personas, en tanto en la modalidad de cuentapropista el país aprobó la figura de cuidador de enfermo, de personas con discapacidad y ancianos, con un régimen simplificado de tributación, y una cuota mensual consolidada de 20 pesos en moneda nacional.

Pero en opinión de Arestuche Torres, a esas acciones sería aconsejable agregarles programas educativos dirigidos al perfeccionamiento de la vida familiar y cuidado de los ancianos, e introducir modificaciones legislativas encaminadas a una mayor protección de los derechos del adulto mayor.

Incluso, considera como una necesidad que la Fiscalía potencie la búsqueda de información sobre ancianos en situación de desventaja económica y social, con el objetivo de brindarles atención jurídica de oficio, fundamentalmente a los residentes en zonas del Plan Turquino, costeras y poblaciones de difícil acceso.

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