Por qué son legítimas las nacionalizaciones hechas por la Revolución

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Por Agencia Cubana de Noticias (ACN) | 3 julio, 2019 |
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A partir de 1960 la Revolución Cubana comenzó un proceso de expropiación, nacionalización y confiscación de bienes, tanto a empresas estadounidenses y de otros países, como a miembros de la burguesía.
Esto incluyó a compañías norteamericanas que poseían refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y las comunicaciones telefónicas y las principales centrales azucareras, responsables de un tercio de la producción total del país.

En muchos casos, el gobierno revolucionario brindó y ofreció indemnizaciones por estos actos, las cuales no fueron aceptadas por los Estados Unidos.

Al respecto, mucho se ha comentado sobre la legitimidad o no de estas acciones.

Sobre las nacionalizaciones y expropiaciones, es importante aclarar que las mismas están avaladas por el derecho internacional cuando se realizan por razones públicas que beneficien a la comunidad. En ellas se garantiza una compensación a las entidades o personas afectadas.

En cuanto a las confiscaciones, se trata de incautaciones de posesiones sin derecho a indemnización, debido a que anteriormente estas fueron adquiridas por medios fraudulentos o se encuentran en situaciones de ilegalidad.

En Cuba muchas de las confiscaciones que se realizaron fueron a personas vinculadas al régimen de Fulgencio Batista, que habían obtenido estos bienes de forma deshonesta.

Al triunfar la Revolución, el gobierno dictó la Ley Fundamental de la República, que retomaba varios artículos de la Constitución de 1940.

Entre ellos el 90, donde se proscribía el latifundio, y el 24, que admitía la expropiación forzosa por causa de utilidad pública.

De esta manera, las nacionalizaciones realizadas en aquel tiempo fueron legales, tanto desde el punto de vista jurídico del país como del derecho internacional.

Esto fue incluso aceptado por el propio gobierno de los Estados Unidos, en una nota enviada a Cuba, el 12 de junio de 1959. Allí se expresaba que ese país “reconoce que según el derecho internacional un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos, en ausencia de disposiciones contractuales o
cualquier otro acuerdo en sentido contrario”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Justicia norteamericano dictaminó el 23 de marzo de 1964 que los juzgados de dicho país debían reconocer la validez de las nacionalizaciones hechas por el gobierno revolucionario. Esto se dio en el marco del fallo del caso iniciado por el Banco Nacional de Cuba contra el representante de una central
azucarera estadounidense.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1952, aprobó la Resolución Especial No. 626, que reconoce “el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y a explotarlos libremente, dado que es un
imprescindible derecho soberano y responde a los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

Esto fue ratificado por el organismo en 1974, en la Resolución No. 3281 que señalaba  que “el Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar, o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas, deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes, reglamentos y todas las circunstancias que considere pertinente”.

Agrega, además que, “en caso de controversia, esta sería resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y a sus tribunales”.

Se recuerda nuevamente que el gobierno revolucionario buscó pagar una compensación por sus expropiaciones, la cual no fue aceptada por los Estados Unidos.

Por otro lado, es importante aclarar que en aquella época las petroleras Texaco, Esso y Shell instaladas en Cuba se negaron a refinar en el país el petróleo comprado por el gobierno a la Unión Soviética a un precio más barato.

Esto ocurrió luego de que se intentara adquirir ese mismo combustible a compañías americanas y estas boicotearan la compra por orden del gobierno de los Estados Unidos. Con este accionar se intentaba dejar al país sin combustible.

A dichas empresas petroleras se les exigió el cumplimiento de la Ley de Minerales-Combustibles de 1938, que decía: “Sus plantas estarán obligadas a refinar petróleo del Estado cuando el Gobierno así lo acuerde, estableciéndose entre ellas el prorrateo correspondiente si las cantidades a declinar así lo demandan o lo imponen”.

De esta manera, las compañías estaban obligadas por el marco legal a refinar el petróleo del Estado cubano. Ante las reiteradas negativas a cumplir con la ley, las mismas fueron intervenidas.

Por su parte, la Compañía Cubana de Electricidad y la Cuban Telephone Company eran dos monopolios extorsionistas que durante años explotaron la economía de la nación y los intereses del pueblo.

En cuanto a las empresas azucareras, las mismas se habían apoderado de las mejores tierras del país y, al amparo de la Enmienda Platt, se llevaban los dividendos al exterior pagando por ella un precio inferior al del mercado mundial.

Luego de la Revolución, los Estados Unidos disminuyó hasta suspender las compras de azúcar cubana, como una forma de bloquear y dañar su economía.

En definitiva, todas las expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones realizadas fueron hechas en el marco de la ley nacional y el derecho internacional, y en pos del bien público, por lo que son totalmente legítimas.

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