Alina Medina Friman, fiscal jefa de la provincia de Granma, destacó este viernes programa especial de la televisora local, que cualquier análisis a realizar sobre los hechos del pasado domingo, y de sus consecuencias en el orden jurídico-penal, debe partir de que la Constitución de la República, que por mayoría el pueblo cubano aprobó, reconoce el libre ejercicio de las personas, pero con límites que tienen que ver con el ejercicio de la colectividad.

Entre estos últimos mencionó con énfasis el orden y la tranquilidad ciudadana, la posibilidad de transitar libremente por las calles sin temor a ser agredido, que nuestros niños jueguen en los parques, que las personas puedan seguir viviendo como lo han hecho hasta este momento.

“Eso –argumentó- fue justamente lo que se vulneró con los hechos que ocurrieron el domingo, que son muy graves, porque estuvieron acompañados, más que de un pensar diferente, de actos y manifestaciones violentas, que en su gran mayoría son constitutivas de delitos, y por tanto tendrán una respuesta penal prevista en la Legislación Penal, con el rigor que los hechos lo ameritan,  en correspondencia con las consecuencias que tuvieron, y por supuesto con particularización  de la manera en que cada persona se manifestó

“A la Fiscalía General de la República le compete el control y direccionamiento de la investigación penal, la que se ejecuta por el Ministerio del Interior, que a su vez es quien actualmente realiza la investigación de todo lo ocurrido.”

Precisó Media Friman que, en la investigación, a la hora de evaluar la aportación de cada persona, se tendrá en cuenta lo que también establece la Constitución, en cuanto al artículo 94 y 95 de los Derechos y garantías que tienen las personas, entre estas a un debido proceso.

“Por tanto, argumentó, si bien los hechos serán enfrentados con el rigor que ameritan, las personas que serán sometidas a consideración de los Tribunales Populares, también tendrán la posibilidad, porque esa es la justicia revolucionaria, de contar con garantías, y con un proceso justo, en correspondencia con lo que ocurrió, y con el grado de aportación de cada cual, porque no todas las personas hicieron lo mismo, hubo quien lanzó piedras, quien agredió a determinadas personas, quien dañó bienes estatales y personales, y en correspondencia cada uno responderá

“Estamos hablando de estos hechos pueden, entre otros, integrar los delitos de desorden público, de instigación para delinquir, de atentado, de lesiones, de daños, en dependencia de los bienes jurídicos que fueron vulnerados con la actuación de cada una de las personas, actuación que no se puede descontextualizar, pues estamos hablando hechos que transgredieron el orden en un momento coyuntural, en el que el país atraviesa por el impacto de la pandemia Covid 19, con un número importante de casos, y con una serie de medidas dispuesta por el Estado cubano para controlar esa incidencia.

“El que esos hechos transcurran en estas circunstancias, le agrega un valor de severidad a la manera en que deben ser conocidos por los órganos de investigación y de justicia, pues estamos hablando de circunstancias que pueden constituir agravantes de la responsabilidad penal, es decir, no es solo el hecho de lo que ocurrió en sí, sino también de suceder en medio de una pandemia.

“Habrá severidad con las conductas que son más graves, con las personas en dependencia con la manera en que contribuyeron con los hechos y de su edad, y otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de impartir justicia, y todo se realizará con la mayor prontitud posible, porque los hechos ameritan una respuesta que en algunos casos será inmediata, a partir de que sean hechos de menor consideración, y en otros se requerirá de más tiempo, para una adecuada investigación y en respeto a esas garantías que tienen las personas, establecer todos los móviles, las consecuencias.

“De esa manera, habrá personas que serán juzgadas por los tribunales, pero hay otras que, aun habiendo participado en estos hechos, han sido advertidos, multados; la diferencia estará en la aportación que tuvieron en lo ocurrido, y en consecuencia así será el rigor con que se actuará, porque el orden público, la seguridad colectiva, la tranquilidad ciudadana, son bienes jurídicos supremos, que a nadie le es lícito vulnerar”, concluyó.