Reformar un país es una tarea ardua y complicada, sobre todo si se quiere que en esa transformación y cambio intervenga democráticamente el pueblo.
Por eso en Granma se le atribuyó una gran importancia a la consulta popular del proyecto de constitución, que culminó aquí el 3 de noviembre y en cuyo proceso se desarrollaron 11 mil 517 asambleas, en las cuales participaron 700 mil granmenses y se realizaron alrededor de 120 mil intervenciones con más de 60 mil propuestas.
Luego del crucial debate resulta interesante conocer las opiniones de algunos profesionales del derecho, por lo cual nuestro diario entrevistó a la máster en ciencias Yuvisel Hernández Chávez, especialista en asuntos jurídicos de la Dirección provincial de Justicia.
“Considero que estamos ante un proyecto revolucionario porque se trata de un texto muy profundo. Incluye cambios en la estructura del Estado, además de una amplia gama de derechos y garantías que lo hacen superior a la Constitución vigente.
“Entre los artículos más debatidos están el derecho de las personas a una vivienda digna, la no concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, los derechos, deberes y garantías, además del trabajo como elemento primordial de nuestra sociedad.
“Otros temas abordados han sido la atención y protección del adulto mayor, el incremento del tiempo de mandato del Presidente de la República y la proclamación del matrimonio igualitario.
“Asimismo, se ha analizado la protección a los animales y la cuestión de la jubilación.
“En el caso del Título IV Derechos y Deberes, así como el Capítulo II Derechos individuales, están muy relacionados con nuestro trabajo, pues una de las actividades que realizamos es precisamente la cancelación de antecedentes penales, donde contribuimos a la reinserción social de los exreclusos.
“En nuestro caso hemos contribuido a la difusión del proyecto tanto en entidades laborales como en circunscripciones, propiciando el análisis para favorecer un entendimiento del mismo.
“Lamentablemente estuvimos en lugares donde había mucho desconocimiento por parte de la población y entonces el debate derivó en un espacio de orientación, explicación y esclarecimiento para muchos, por la no preparación sobre el texto constitucional”.
Más allá del Tribunal
Sobre los criterios y vínculos de los jueces con el tópico La Demajagua dialogó con Yamile González Cabrales, presidenta de la sala civil del Tribunal Provincial.
“El proyecto está muy atemperado a nuestros tiempos pero sé que la constitución resultante de la consulta popular, será un texto más enriquecido y avanzado.
“Como los tribunales tenemos la misión de administrar justicia en nombre del pueblo de Cuba ningún artículo o capítulo nos es ajeno. Es una ley general que luego será enriquecida con normas jurídicas, las cuales especificarán lo enunciado en la misma.
“Es importante tener claro que se votará por la Carta Magna íntegramente y no por artículos independientes, por lo cual sugerimos aprobarla aunque exista algún artículo con el cual discrepemos.
“El artículo 94 tiene mucha relación con nuestra función porque expresa que la persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, tiene derecho a reclamar ante los tribunales, la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización.
“El artículo 68 es uno de los más discutidos por la población porque hoy tenemos una realidad y es que existen las relaciones entre personas del mismo sexo, sin reconocimiento legal. Hoy se nos da un problema porque existen parejas que tienen una vida íntima y han adquirido bienes, y al llegar a la ruptura de la relación no tienen como resolver su diferendo sobre los bienes porque no están reconocidos legalmente.
“Los tribunales también debemos velar porque se cumplan las garantías del debido proceso, sobre todo en el ámbito penal, porque son un conjunto de principios a observar en un proceso (igualdad de las partes, derecho a la defensa, acceso a la justicia y cumplimiento efectivo de las disposiciones de un tribunal).
“En lo concerniente a la divulgación hemos formando parte de dúos, los cuales han estado en varios lugares. Una de las inquietudes más recurrente ha sido la relacionada con el tiempo de mandato del presidente, porque nuestro pueblo tiene una gran confianza en nuestros líderes, y desea que dirija más años de los 10 propuestos.
“Según nuestra vivencia las cuestiones menos discutidas son las relacionadas con la organización del estado, porque las personas saben que con nombre o estructuras diferentes, van a responder a sus intereses.
“Lo más importante de este proceso es conocer las leyes, los derechos y deberes, para luego cumplirlos”.
El rol de la fiscalía y los jurisprudentes
El referido tema conllevó al intercambio con Yenisey González Rodríguez, fiscal jefa del Departamento de formación y desarrollo de la Fiscalía provincial y presidenta de la Unión de Juristas en Granma.
“El proyecto presenta una estructura más coherente y sistemática, lo cual le confiere mayor perdurabilidad y seguridad en su aplicabilidad. Considero que es revolucionario porque plantea cambios en el modelo económico, contiene pronunciamientos a favor del medio ambiente y diseña una estructura estatal más funcional.
“Directamente se plantean transformaciones en la misión fundamental de la Fiscalía General de la República, destacándose en primer orden el control de la investigación penal y ejercicio de la acción penal pública, sin desconocer las funciones de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
“Hay personas interesadas en derechos como el del ejercicio de la defensa, con propuestas de cómo y cuándo debe intervenir el abogado en el proceso penal.
“Sobre la consulta popular quiero reconocer el papel de los juristas, quienes de una forma u otra formaron parte de las diferentes estructuras y dúos concebidos para desarrollar el proceso. Solo nos resta continuar el combate a favor del sí en el referendo popular”.