ONU y políticos colombianos respaldan pacto entre Gobierno y FARC-EP

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Por | 25 septiembre, 2015 |
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Bogotá.- A dos días del acuerdo logrado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en materia de justicia transicional, personalidades del escenario político nacional respaldan ese paso considerado decisivo para el avance de las gestiones pacificadoras, reseñaron hoy noticiarios locales.

Además del pacto anunciado en Cuba el pasado miércoles sobre la creación de una Jurisdicción especial para la paz, valoramos como trascendental el hecho de que las partes beligerantes fijaran una fecha con el objetivo de finalizar las pláticas y poner término a la larga confrontación bélica, consideró el Coordinador de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Frabrizio Hochschild.

Se trata de una luz, un buen comienzo, el mecanismo consensuado en la mesa de concertación con sede en La Habana garantiza que no habrá amnistía ni impunidad por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, en tanto la firma de la paz abrirá las puertas a la justicia, añadió el representante de la ONU en declaraciones a W Radio.

La rúbrica del acuerdo y el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, marcan sin lugar a dudas una nueva etapa para la historia patria, opinó el abogado Diego Martínez.

De acuerdo con el documento divulgado durante la cita, tal mecanismo prevé la creación de salas y tribunales para investigar, juzgar y sancionar a responsables de la conflagración, bajo la premisa de que no quedarán impunes las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio ni otros hechos de gravedad.

No obstante prevé beneficios de amnistías e indultos para determinados casos de delitos políticos y conexos.

Es un reconocimiento de la rebelión como fenómeno político, histórico y ético frente a las desigualdades, la exclusión y la persecución enfilada hacia opositores legítimos desde la lucha popular, asimismo patentiza que la victimización no es una consecuencia imputable sólo a la insurgencia, sino que implica a estructuras del Estado, entre otros sectores, manifestó el Partido Comunista Colombiano (PCC) en un reciente comunicado.

Este paso -subrayó el PCC- alimenta las esperanzas en torno a un cese el fuego bilateral y augura avances rumbo a un tratado de distensión cierto.

Representantes gubernamentales y de las FARC-EP dialogan en la capital cubana desde 2012 para hallar una salida negociada a la guerra interna, que ha ocasionado la muerte a unos 230 mil ciudadanos en el transcurso de más de medio siglo.

Resta ahora establecer los términos del propio fin del conflicto, que incluye cuestiones como dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros.

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