La solución a los desequilibrios salariales es, acaso, el mayor y más complejo de los problemas que Cuba enfrenta hoy, o al menos, el que más preocupa a su gente, que sueña con acercar sus bolsillos a los elevados precios de productos y servicios.

Ese dilema, acentuado desde que aterrizó, con muy buena voluntad, la oferta y demanda, ha mirado en los últimos años hacia no pocas ideas y alternativas. Sin embargo, de aquí a la salida definitiva parece faltar un buen trecho.

La propuesta más esperanzadora es la Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual establece nuevas reglas para los sistemas de pago, con el objetivo de incrementar la productividad, reducir gastos y costos, elevar los niveles de producción o servicios, el aprovechamiento de la jornada laboral y la eficiencia de la empresa estatal socialista cubana.

Esta norma jurídica llegó no solo para mostrar un camino hacia el aumento de salario, sino también, para hacer comprender, definitivamente, que es preciso lograr primero productividad y eficiencia.

DISYUNTIVA

Desde hace tiempo colocamos en un círculo vicioso los mencionados elementos: no trabajamos más porque no nos pagan bien, no nos pagan bien porque no trabajamos más. ¿Qué debe llegar primero, la creación altamente productiva o el salario?

Todos los días nos hacemos ese cuestionamiento y, de manera errónea, no pocas veces acabamos por respondernos: si suben el salario, trabajaremos más.

José Luis Rodríguez García, asesor del Centro de investigaciones de la economía mundial, en su artículo Factores claves en la estrategia económica actual de Cuba, publicado en Cuba Contemporánea, nos recuerda que el salario nominal promedio medido mensualmente de 1989 al 2013 pasó de 188 a 471 pesos, para un crecimiento de 2,5 veces.

No obstante, el problema sigue latente, porque, como bien asegura el exministro de Economía, si se incluye en ese análisis la dinámica de los precios minoristas, estimada para el mismo período, no hay duda de que el poder de compra real del salario no se ha recuperado en estos años, factor importante de desestímulo al incremento de la productividad del trabajo.

Optar por una reforma general de salarios para enfrentar esa situación, asegura, no sería lo más efectivo, teniendo en cuenta experiencias negativas como la de 1981, la cual provocó un importante tambaleo en la economía nacional.

“Es indispensable que a nivel macroeconómico la productividad crezca más rápido que el salario medio y la proporción del salario no rebase los límites previstos en relación con el valor agregado bruto, o sea, el nuevo valor creado”, apunta.

Analizado de manera más simple, uno del casi centenar de granmenses entrevistados sobre el tema en los últimos meses, nos invita a esta sencilla pero contundente reflexión: “Si mañana a todos nos pagaran bastante, sin haber producido lo suficiente, ¿qué vamos a comprar con ese dinero?”

Eso ya lo tenemos bien claro. No se puede distribuir lo que no se produce; mucho salario con una insuficiente creación de bienes y servicios, solo lleva a la inflación, a la circulación de gran cantidad de dinero, que iría perdiendo poco a poco su valor adquisitivo.

LEY Y EFECTOS

Hacia la corrección del problema nos conduce la 17, una resolución que en sus inicios provocó más inseguridades que esperanzas, y que a la vuelta de casi un año, tiene a muchos trabajadores convencidos de las fortalezas y oportunidades que ofrece, si hay, amén de factores objetivos, voluntad, responsabilidad, preparación y capacidad para aplicarla.

En opinión de Ariel Fonseca Quesada, director de Trabajo en Granma, algo se ha adelantado en ese sentido, pues al cierre del primer trimestre, el gasto de salario por peso de valor agregado bruto logró un discreto ahorro de cuatro centavos, y solo siete empresas realizaron pagos sin respaldo productivo (20 menos que en igual período de 2014).

Las citadas entidades Son: Eléctrica, Empresa de la música, las de Abastecimiento y Servicio a la Educación y al Comercio (Epase y Epasc), la Empresa de Servicios Técnicos y Personales, y Comercio. Las tres últimas, además, pagaron a tiempo, es decir sin vincular el salario a los resultados de su gestión.

En ese período, a casi 400 trabajadores se les penalizó el salario, la mayoría al mínimo, de 225. Por el contrario, dividendos favorables han recibido colectivos como el de Farmacias y ópticas, con mil 33 pesos de salario medio, Empresa de aseguramiento a la Salud (870 pesos), y la de Servicios Legales (mil 55 pesos), por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, el mayor número de entidades no ha podido recibir los beneficios de la resolución, no han sido penalizadas porque cumplen sus compromisos, pero no con suficiente eficiencia para recibir estímulos.

¿Qué impide, aquí, adelantar en esa dirección? “Los empresarios y especialistas deben seguir superándose, cambiar el pensamiento, no pueden seguir mirando hacia arriba”, entiende Fonseca Quesada.

Las opiniones de los trabajadores entrevistados fueron categóricas, y aunque algunos ubican en primer orden al aseguramiento material, en su mayoría reconocen que el principal freno está en el factor humano:

“La planificación es incorrecta”; “los planes se imponen y, en ocasiones, se cambian a mitad del camino sin la aprobación de los trabajadores, y con afectación de los gastos, y luego del salario”; “no hay control integrado entre el departamento económico, producción y el resto de las áreas”; “es inexacta la planificación de gastos de producción, como los fertilizantes”.

“No hay una autonomía real en las empresas; “en los análisis se subestiman los recursos humanos”; “al final de mes las estructuras llegan a la empresa cargadas de gastos, es bueno que se vuelva a los análisis decenales”; “no existe un elevado compromiso con el encargo estatal y continúa la tendencia a hacer dinero fácil”; “hay áreas que se pasan dos meses despobladas, porque no se asegura en el tiempo correcto la rotación de los cultivos”.

Esos criterios apuntan a persistentes deficiencias en la planificación y el control, también a la formalidad en las discusiones en las asambleas de afiliados, lo cual provoca que en pocos lugares estos tengan reservas como las antes enunciadas.

ACOTACIONES

Evidencias del descontrol persistente en entidades de la provincia, caminan por nuestras calles con absoluta impunidad. Nos referimos, por ejemplo, a las cantidades de harina y pollo que circulan en el mercado negro, al combustible utilizado por los transportistas privados, desviado, sin duda, de actividades productivas y de servicios, porque las ventas en los servicentros granmenses son risibles…

Una de las más significativas preocupaciones llegadas a nuestra redacción parte de trabajadores del Comercio, quienes no entienden que se les afecte el salario por culpa de quienes en tantos años no han pagado los equipos electrodomésticos. ¿Si estos últimos no saldan la deuda, nunca recibirán estímulo los primeros?

Con esa profundidad deberá aterrizar el análisis de la Resolución 17 en cada organización granmense, y lograr que los trabajadores dominen su contenido, pues varios entrevistados, la encasillaron en la posibilidad de triplicar el salario.

Tal idea evidencia cuánto desconocimiento todavía existe en torno a esta propuesta, según la cual el límite en la distribución salarial lo fijan las posibilidades económicas y financieras de cada entidad, su capacidad para crear nuevas reservas destinadas a fomentar el capital de trabajo, financiar inversiones, la capacitación, las investigaciones, amortizar créditos bancarios…

Es importante que en este nuevo contexto las empresas del territorio asuman con un enfoque más integrador todas las facultades que el país ha puesto en sus manos para conseguir eficiencia, tal es el caso de la flexibilización de los objetos sociales, de la posibilidad de decidir qué actividades secundarias y de apoyo están en condiciones de realizar, para generar más ingresos.

Su reacción en ese sentido ha sido hasta hoy lenta, pero ese tema merece artículo aparte.