Bogotá.-El abogado de las FARC-EP, Enrique Santiago, afirmó hoy que la Fiscalía colombiana deberá suspender las órdenes de captura contra los guerrilleros de esa organización para facilitar su traslado hacia las zonas de transición.
En esos escenarios ocurrirá el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) con supervisión de una misión política de Naciones Unidas, también allí los miembros de dicho grupo insurgente deberán prepararse para la reincorporación a la vida civil.
Para iniciar el traslado se necesita la suspensión de las órdenes de captura como fue consignado en la página 185 del acuerdo -suscrito con el Gobierno colombiano-, hay que pedirle a la Fiscalía que lo haga; insistió el jurista español, citado por la emisora RCN La Radio.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de esa guerrilla, Timoléon Jiménez, rubricaron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar el largo conflicto entre ambas partes, consenso validado por el Congreso de la República el 30 del mismo mes.
Un día después, el mandatario anunció el comienzo del período de postconflicto con el cual entró en vigor el tratado oficializado en el capitalino Teatro Colón, que incluye entre sus acápites la concentración de los miembros de las FARC-EP en los llamados puntos y zonas de transición.
Colombia no puede enredarse con “leguleyadas”, la lógica jurídica dice que los guerrilleros que anden por el país y tengan órdenes de captura pueden ser detenidos, por eso es importante que el Estado actúe con celeridad y cumpla los acuerdos, comentó Santiago.
La víspera, el comandante de las FARC-EP Iván Márquez hizo el mismo planteamiento en el transcurso de una rueda de prensa.
En la comparecencia, el también vocero de dicha agrupación Joaquín Gómez afirmó que la infraestructura de los mencionados escenarios no está lista.
No podemos ser irresponsables y meternos en un lugar sin los recursos básicos ni siquiera condiciones para dormir, manifestó.
Asimismo las FARC-EP esperan la excarcelación de alrededor de 300 de sus hombres, quienes se beneficiarán con el indulto y no tendrían la obligación de acudir a los espacios de concentración previstos.
Adicionalmente, confían en que la Corte Constitucional de vía libre al uso del fast track, un mecanismo de tramitación rápida con el cual el Congreso analizaría y podría expedir la ley de amnistía, considerada clave para ese movimiento en proceso de desmovilización.