Según documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, en 2010 Piñera y su familia vendieron acciones del proyecto Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.

Parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.

‘Creemos que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que ningún órgano del Estado puede quedar en la inercia sin actuar’, declaró el jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto.

Mientras, Claudia Mix, legisladora del partido Comunes, aseguró que existe un respaldo transversal de la oposición a la iniciativa, e incluso, algunos parlamentarios de derecha están dispuestos a revisarla.

La acusación constitucional se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública, y necesita 78 votos en la Cámara Baja y dos tercios en el Senado para su aprobación.

Los legisladores esperan que pueda ser analizada antes del 21 de noviembre, cuando tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Además de la posibilidad de un juicio político, Piñera fue imputado por la Fiscalía por los delitos tributarios y de cohecho en la compraventa de la minera.