Cuando ya se celebraron en las 15 provincias de la isla una buena parte de las más de 135 mil reuniones de vecinos, estudiantes y trabajadores previstas del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, crecen las expectativas de cara a cómo quedará la ley de leyes, que deberá aprobarse en febrero de 2019 en un referendo.

La ampliación de los derechos individuales y las garantías jurídicas, los cambios en la Estructura del Estado y la economía resultan recurrentes en las intervenciones de un proceso que también tiene lugar en el exterior, con la participación de los cubanos que cumplen misiones o residen en más de un centenar de países.

Según expertos, varios elementos recogidos en el proyecto merecen el calificativo de revolucionarios al compararlos con la carta magna vigente desde 1976 y las adoptadas en otras partes del mundo.

El texto de 224 artículos (87 más que la actual ley de leyes) define a Cuba como un Estado socialista de derecho, establece el principio de progresividad y sin discriminación de los derechos y la posibilidad de que cuando los mismos sean vulnerados, las personas puedan reclamar ante tribunales su restitución, y obtener la debida reparación o indemnización.

La iniciativa aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio pasado de cara a la consulta popular en marcha recoge también que ‘Nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’.

Asimismo, indica que los derechos y deberes reconocidos se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba.

Además, incorpora a la Constitución el procedimiento de Habeas Corpus (contra la privación ilegal de libertad), la presunción de inocencia y el derecho de las personas a recibir asistencia jurídica para ejercer la defensa y a conocer lo que sobre ellas conste en archivos u otro tipo de registros.

Aunque representa una reforma total de la actual Constitución, al mantener solo 11 artículos de la misma, el documento ratifica el carácter socialista de la mayor de las Antillas y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista.

ALGUNAS PROPUESTAS 

En reuniones realizadas, abundaron propuestas como precisar en el texto que el derecho a la asistencia jurídica comienza desde el momento de la detención o procedimiento contra el individuo en cuestión y agregar la no discriminación por edad.

Sin dudas, el artículo más polémico ha sido el 68, que define la institución del matrimonio como la unión voluntaria entre dos personas (la actual carta magna fija que es entre un hombre y una mujer), un tema sobre el cual no existe consenso en la sociedad cubana.

Para muchos, este cambio, que abre la posibilidad del matrimonio igualitario, representa una cuestión de justicia y no afecta los derechos de otros, mientras los opositores esgrimen posiciones religiosas y que la sociedad no está lista para asumirlo.

En ese sentido, algunos proponen mantener el matrimonio como está en la actual Constitución, e incorporar el reconocimiento a la ‘unión de hecho’ entre ciudadanos del mismo sexo.

Las discusiones en barrios, universidades y centros de trabajo también dejaron hasta el momento el reclamo de incluir los derechos de los animales en el documento, un asunto bien popular, aunque los ordenamientos jurídicos no suelen incluir a estos como sujeto de derecho, solo a las personas naturales y jurídicas.

Menos debatido, pero también polémico ha sido el llamado a incorporar el derecho a la eutanasia, aspecto lejos de hallar consenso a la hora de agregarlo o no a la Constitución, un texto que los especialistas insisten debe ser sintético.

La estructura del Estado y la economía son otros de los temas presentes en la consulta popular, de la cual saldrán propuestas para que la comisión del Parlamento encargada de elaborar la carta magna mejore su contenido, antes de la convocatoria a un referendo aprobatorio, previsto a finales de febrero de 2019.

El proyecto introduce las figuras del presidente de la República -la actual reconoce al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros-, el vicepresidente y el primer ministro, lo que implica la separación de las funciones de Estado y de Gobierno, esta última a cargo del primer ministro.

Entre las opiniones de la población sobresale la no limitación de la edad del jefe de Estado (a 60 años) para comenzar el primero de sus dos mandatos permitidos, bajo el argumento de que si está saludable y apto para el cargo, la edad no debe ser un obstáculo.

También no pocas personas sugirieron eliminar los hasta dos mandatos de cinco años reflejados para el ejercicio de la presidencia, con el señalamiento de que sea el pueblo a través de la Asamblea Nacional el que decida si el dirigente debe o no continuar en el puesto a partir de sus resultados de trabajo.

Respecto a la economía, en las ocho semanas transcurridas de debates salieron a relucir criterios como el combate a la acumulación de riqueza ilícita, y no a la que se crea dentro de la ley, y la ampliación de la posibilidad de invertir a los cubanos que viven dentro o fuera de la isla (en el proyecto solo se menciona a la inversión extranjera).

La reforma total a la Constitución vigente reconoce la propiedad privada, aunque algunas personas instan a otorgarle un mayor papel, sin que entre en contradicción con el principio de una economía basada en la propiedad socialista, refrendado en la iniciativa.

El trabajo como principal fuente de ingresos y la distribución de la riqueza en sintonía con el aporte dado a la sociedad es una de las cuestiones recogidas en el texto con más aceptación, pero la ciudadanía pide mecanismos que garanticen la materialización de este principio.

De igual manera, varias personas sugirieron la eliminación de términos que pudieran resultar ambiguos o indefinidos como ‘El Estado trabaja para’, ‘adecuado’ y ‘vivienda digna’.

DEBATES EN EL EXTERIOR 

Las discusiones del proyecto y la emisión de opiniones y criterios también tienen lugar en el exterior, para los cubanos que trabajan o residen en el extranjero.

En el caso de los residentes, su aporte se manifiesta a través de una planilla habilitada en el portal digital www.nacionyemigracion.cu.

El director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, Ernesto Soberón, explicó a Prensa Latina que la posibilidad de opinar sobre la nueva Constitución ha sido muy bien acogida por quienes viven fuera de la isla.

De acuerdo con el funcionario, hasta el 1 de octubre fueron realizadas por esa vía unas dos mil propuestas desde más de un centenar de países.

Soberón destacó la oportunidad que tienen todos los cubanos de aportar a la construcción de una carta magna garante de la justicia social y el humanismo que caracterizan a la Revolución cubana.