Según el viceministro de Tierras, Valentín Ticona, antes de 2006 solo el 30 por ciento de estos terrenos estaba en manos de los campesinos, mientras ahora los pequeños productores poseen más del 83 por ciento.
De acuerdo con Ticona, el ejecutivo trabaja para redistribuir la tierra a quienes no tienen o necesitan más hectáreas, tal y como establece la Constitución.
En enero último, el director general del Instituto Nacional de Reforma Agraria, (INRA), Jhonny Cordero, explicó que hasta el momento se titularon 82 millones de hectáreas de los 106 millones que deben ser saneados.
Cordero informó que el gobierno aprobó la inversión de 60 millones de dólares para el saneamiento y entrega de tierras a familias productoras durante este año.
Precisó que ese monto se obtendrá de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y permitirá modernizar y agilizar los trámites y procesos del sector.
Antes de octubre de 2017 se prevé entregar 106 millones de hectáreas a campesinos de diferentes regiones del país, manifestó el funcionario.
El otorgamiento de propiedades forma parte de los objetivos del INRA, entidad creada para administrar y garantizar el acceso a la tierra, sobre todo, en las comunidades indígenas originarias.
Además de una distribución equitativa, busca la seguridad jurídica de los beneficiarios y el impulso del desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.