Por el texto divulgado, los organismos fiscalizadores tendrán que evaluar inmediatamente la necesidad de remoción de instalaciones para garantizar la integridad de los trabajadores que actúan en esos locales.

La determinación es que se priorice una lista de represas clasificadas como ‘daño potencial asociado alto’ o con ‘riesgo alto’.

El Gobierno recomienda auditorías en procedimientos de fiscalización de las represas y la actualización de catastros de esas actividades para ser incorporadas al sistema nacional de informaciones.

Las empresas responsables de las represas también son dictaminadas por el Ejecutivo a cumplir recomendaciones de informes y actualizar datos de todas las acciones de forma periódica.

En una segunda resolución, también publicada este martes, la presidencia de la República determinó la continuidad de esfuerzos ‘para la pronta atención a las víctimas directas e indirectas de la ruptura de la represa del Corrigo de la Frijol, en el municipio de Brumadinho, y movilizar recursos humanos y financieros para ese fin’.

Según el último balance, se confirmaron por el colapso de la represa de la empresa Vale en Brumadinho, 65 muertos, 279 personas desaparecidas y 135 damnificados.

Desde la ruptura de los diques, el Gobierno instaló un gabinete de crisis que analiza la situación en la región y estudia cambios en la legislación que trata sobre esas instalaciones mineras.