La Habana,- La universalización de la atención médica con el Sistema Único de Salud (SUS) convirtió a Bolivia en un importante referente mundial según expertos, una política hoy difícil de mantener por el gobierno de facto.
El entonces asesor internacional de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el país sudamericano, Alfonso Tenorio, reconoció en mayo último el avance en ese sector con la implementación de la norma el 1 de marzo de 2019 por el expresidente Evo Morales.
Más de cinco millones de personas sin seguro médico fueron beneficiadas con el SUS, que incluía también la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas no transmisibles.
La iniciativa contó con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros dos mil millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y el número de profesionales que atenderian a los pacientes en más de mil prestaciones.
Tras el golpe de Estado contra Morales el 10 de noviembre pasado, el sistema de salud se encuentra en emergencia debido a los recortes de personal, falta de equipamiento, insuficientes infraestructuras y la suspensión progresiva de los servicios sin una solución a corto plazo.
La incapacidad de las autoridades golpistas sumidas en una campaña para desprestigiar y desacreditar programas y proyectos impulsados por el líder aymara, según expertos, se evidencia en el manejo de la crisis que se agudiza cada día donde el pueblo es el mayor afectado.
El Hospital de Clínicas de La Paz suspendió este mes las consultas de las especialidades de urología, trabajo social y cirugía general, una decisión lamentada por el director de ese centro asistencia, Omar Rodas, porque “no hemos recibido respuestas claras y oportunas, sobre todo para la reposición de recursos humanos”.
Rodas confirmó que en la anterior gestión contrataron con recursos propios a 79 profesionales, pero las autoridades del Ministerio de Salud nombradas por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, informaron que sólo mantendrán a 33.
Otra muestra de la crisis es el paro de 24 horas realizado por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública de Santa Cruz debido al incumplimiento en el pago de los salarios y, de no mejorar la situación, advirtieron adoptarán otras medidas.
“A todos los sectores se pagó, menos al sector salud. Es la importancia que le da el municipio a la salud. Tenemos un convenio que no se cumple, esto es un problema de todos los meses, que se olvidan de nosotros”, denunció Ruth Aguilera, representante del sector.
Por otra parte, pacientes con VIH/Sida en el departamento de Cochabamba y la Defensoría del Pueblo pidieron al Ministerio de Salud que regularice la dotación de medicamentos antirretrovirales porque se “está atentando contra la vida de personas”.
De 2010 hasta 2018, el gobierno de Evo Morales aumentó a dos mil 653 millones de dólares el presupuesto para el Programa Nacional de atención a infecciones de trasmisión sexual y a esa enfermedad.
Alejandro Sánchez Bustamante, exresponsable de ese programa, informó en diciembre de 2018 que en 2011 contaban con 447 mil 454 bolivianos (más de 64 mil dólares) y con ese incremento pudieron adquirir mayor cantidad de antirretrovirales e implementos para la detección temprana del virus.
El Tesoro General de la Nación cubría el 97 por ciento de la compra de medicamentos para las personas con VIH/Sida, hecho que redujo en un cinco por ciento los diagnósticos gracias a la aplicación de programas de prevención y a la disponibilidad de tratamientos, según cifras oficiales.
Desde 1984 se registraron en Bolivia 23 mil 124 casos diagnosticados, de los cuales 18 mil 427 están vivos.
Los avances de Bolivia en materia de salud fueron expuestos en mayo pasado por la extitular de esa cartera de Estado, Gabriela Montaño, en la 72 Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra, Suiza.
Durante su participación en el evento, Montaño dialogó con el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, interesado en el SUS y en las necesidades de la nación andino amazónica.
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN PELIGRO POR GOLPISTAS
Aproximadamente 19 mil nuevos casos con diferentes tipos de cáncer son diagnosticados cada año en Bolivia y, de esa cifra, 200 son niños.
Ante esas estadísticas, el primer presidente indígena de Bolivia promulgó el 5 de septiembre pasado la Ley del Cáncer para garantizar el tratamiento y diagnóstico gratuitos de esa enfermedad.
La construcción de tres centros de medicina nuclear, dos en La Paz y uno en Santa Cruz, para la investigación de la patología era parte de la normativa y que actualmente está detenida por las autoridades golpistas.
Los centros contarían con modernos componentes en medicina nuclear para el diagnóstico oportuno y seguimiento del cáncer y otras enfermedades, así como el tratamiento mediante el uso de quimioterapia, hormonoterapia y la inmunoterapia.
Asimismo, ofrecerían radioterapia oncológica con equipos de última tecnología como aceleradores lineales, sistemas computarizados de planificación de tratamiento y de inmovilización para dar mayor comodidad a los pacientes.
La agencia rusa Sputnik divulgó el 12 de febrero el anuncio de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), la cual podría suspender la construcción del Instituto de Medicina Nuclear en la ciudad de El Alto, valorado en 351 millones de dólares contratada al grupo Rosatom del país euroasiático.
El director ejecutivo de la ABEN, Juan Alfredo Jordán, alegó que el contrato entre el anterior gobierno de Morales y el grupo ruso no habría sido aprobado por el Parlamento, como manda la Constitución, y tendría cláusulas de confidencialidad que impiden su fiscalización.
Esa decisión, sumada a la carencia de medicamentos como la morfina y la falta de personal ocasionaron que pacientes con cáncer y sus familiares en el departamento paceño se declararan en emergencia desde enero pasado.
Rosario Calle, representante de los pacientes, denunció que sólo tres pacientes son atendidos por cada médico y la cifra de los afectados aumentará debido a los recortes de personal en hospitales y clínicas.
El titular de Salud del régimen golpista, Aníbal de la Cruz, dialogó días después con miembros del sector con la promesa de solucionar la crisis, pero actualmente esas demandas no han sido atendidas.
La redistribución de las riquezas impulsada por Evo Morales permitió promulgar leyes para la universalización de la salud y garantizar una atención gratuita y de calidad para el ciento por ciento de la población.
Sin embargo, los intereses individuales de las autoridades golpistas y sus intenciones de privatizar nuevamente los recursos naturales y las empresas estratégicas de Bolivia ponen en peligro ese servicio, considerado un derecho humano desde 2006 gracias al líder aymara.