Washington, -Mientras las entradas de muchos hogares de la capital estadounidense muestran carteles que dan la bienvenida a los inmigrantes, ese mensaje se mantiene hoy ausente del lugar donde más necesario sería: la Casa Blanca.
Pero las crecientes medidas de la administración de Donald Trump destinadas a reducir tanto el número de personas que cruzan la frontera de forma irregular como las que vienen por las vías migratorias legales, apuntan al recrudecimiento de una ofensiva contra esos grupos que podría empeorar mientras se acercan las elecciones de 2020.
Durante los meses de julio y agosto últimos se han anunciado varias regulaciones que buscan disminuir la cantidad de solicitantes de asilo y el arribo de migrantes legales de bajos recursos.
Julio empezó con amenazas de deportaciones masivas por parte del jefe de la Casa Blanca, quien, enfocado en complacer a su base conservadora, ha hecho de la inmigración uno de los puntos más importantes de su agenda.
Aunque el gobernante habló en Twitter de expulsar del país a ‘millones de personas’, las operaciones de detención en realidad arrojaron números muy bajos, pero su impacto principal fue provocar más miedo en las comunidades donde hay indocumentados.
El 15 de julio, en tanto, la administración dio a conocer una regla dirigida a prohibir que soliciten asilo las personas que atraviesan un tercer país para llegar a Estados Unidos, lo cual significaría el fin de esa protección para la mayoría de los inmigrantes que vienen a través de México.
De inmediato se interpusieron demandas contra esa norma por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles, como el Southern Poverty Law Center, cuya abogada Melissa Crow declaró a Prensa Latina que el ejecutivo norteamericano mantiene una guerra continua contra quienes buscan ese tipo de protección.
Esto resulta trágico, sobre todo dado nuestro compromiso con normas internacionales adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967, manifestó la letrada.
Poco después, el 22 de julio, el Gobierno comunicó su intención de ampliar las deportaciones aceleradas de inmigrantes irregulares imposibilitados de probar que han permanecido en Estados Unidos durante dos años o más.
En esa misma fecha, autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declararon que la administración Trump intensificó las inspecciones de las compañías sospechosas de contratar a inmigrantes irregulares, lo cual se confirmó cuando el 7 de agosto fueron detenidos 680 indocumentados en plantas de procesamiento de alimentos de Mississippi.
Además, el 29 de julio el fiscal general estadounidense, William Barr, difundió una decisión que impedirá otorgar asilo a un migrante únicamente por ser familiar de alguna persona objeto de persecución.
El 12 de agosto, en tanto, el ejecutivo divulgó una regulación que podría reducir de forma drástica la cantidad de inmigrantes legales, al facilitar que se rechacen las solicitudes de visas y tarjetas verdes de residencia permanente de personas consideradas una ‘carga pública’ por usar programas gubernamentales de ayuda.
Asimismo, los departamentos de Seguridad Nacional, y Salud y Servicios Humanos, anunciaron ayer nuevas normas para eliminar el límite de tiempo que permitía encarcelar a los niños inmigrantes un máximo de 20 días, lo cual podría dar paso a la detención indefinida de familias de inmigrantes irregulares.
Cuando se elevaban muchas voces contra esa medida, Trump declaró a reporteros que su administración sigue considerando otra acción dirigida a golpear a los inmigrantes: poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, la cual permite que los niños nacidos aquí de padres indocumentados se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
En medio de este verano marcado por las malas noticias para los inmigrantes, también ha habido reportes de que el Gobierno planteó la posibilidad de reducir casi a cero la admisión de refugiados el próximo año, y que está considerando una nueva política para permitir a estados y ciudades negarles la entrada.
Frente a esa fuerte ofensiva, el camino que le queda de momento a la comunidad inmigrante es apelar a las numerosas demandas presentadas en cortes alrededor del país, algunas de las cuales han logrado frenar la entrada en vigor de varias de esas medidas.