Verdades inobjetables

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Por Yelandi Milanés Guardia | 25 diciembre, 2020 |
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FOTO/ Autor desconocido

Los cubanos disfrutamos cotidianamente de beneficios o privilegios que por ser tan comunes, a veces no los valoramos en su justa medida o menospreciamos. Y aunque no son exclusivos de nuestra nación, si demuestran que -como otros países con legislaciones avanzadas y democráticas- los antillanos disfrutamos de normas legales que favorecen y garantizan nuestra vida y desarrollo personal.

Seguro muchos desconocen que la mayor de las Antillas es un Estado de derecho, pues quizás no tengan suficiente información al respecto, o no hayan comparado como se ajusta este principio legal a nuestra Constitución.

Indagando sobre el tópico en la red de redes, encontré que todo Estado de derecho se debe basar en el  principio de legitimidad de los derechos de los ciudadanos, es decir, promover el valor de la igualdad y dignidad de todas las personas a través de acciones y políticas de Estado.

El referido precepto jurídico promueve el respeto a los derechos individuales, combate la pobreza, las enfermedades y protege a las personas de las injusticias. También constituye un cimiento para lograr comunidades prósperas y en paz, con oportunidades iguales para todos.

Asimismo, una de sus peculiaridades es que el gobierno rinde cuentas y respeta los derechos fundamentales.

Teniendo como antecedente estas características del Estado de derecho, rápidamente nos podemos percatar que muchas de esas particularidades son aplicables a nuestra realidad social.

Bastaría echar un vistazo por la Constitución para comprobar la coherencia de sus normas con ese concepto legal, pues desde su artículo uno queda expuesto esta condición: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

A este acápite puede unírsele el 44 que plantea: “El Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad de sus ciudadanos. Educa a las personas desde la más temprana edad en el respeto a este principio. El Estado hace efectivo este derecho con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición lo requieran”.

Conclusivo y muy abarcador resulta el número 46, en el cual se refrenda: “Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral”.

Y por si no bastara, es válido recordar como en este verde caimán ninguna persona tiene derechos por encima de las demás, y como a pesar de nuestros escasos recursos se trata de lograr una equidad económica y social, además de garantizar con un sólido sistema de salud nuestra protección ante disímiles enfermedades.

En Cuba no solo se combaten y denuncian las injusticias cometidas contra nuestros compatriotas, sino aquellas que se esgrimen en perjuicio de otras  naciones.

Para proteger la estabilidad física y mental de los ciudadanos, cada decisión gubernamental tiene en cuenta la reducción al mínimo del impacto social y se mantiene como premisa que nadie quedará desamparado, ni frente a los efectos de desastres naturales ni ante medidas estatales, pues aquí nada es más importante que la vida de una persona.

Ante estas verdades inobjetables no solo basta con conocerlas, sino defenderlas hasta tal punto de que el Estado de derecho sea un término conocido por todos, respetado y llevado a la práctica en cada uno de nuestros actos, de modo que este archipiélago siga siendo una nación -que tenga en su centro- a los seres humanos que lo habitan.

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