Joaquín mantiene sobre la mesa una tablilla, sobre esta una hoja de papel con números, sin poco espacio ya para sumas y restas. Mes por mes es lo mismo, la sacadera de cuentas, que empiezan desde el momento exacto en que sale del cajero, y la extracción del salario que debería recompensar el esfuerzo de todo un mes, se convierte en un verdadero calvario.

Y eso que él está entre los más favorecidos, pues entra en el grupo de los trabajadores estatales granmenses, para los cuales el 2022 cerró con un salario medio promedio de tres mil 886 pesos, y porque en esta referencia, quienes tienen ingresos inferiores, y sobre todo nuestros jubilados, no aguantan la más mínima de las cuentas.

Joaquín saca los gastos habituales, la luz, el teléfono, el agua, y lo de la canasta básica que a puro pulmón, el país hace que llegue por la libreta, ese documento tantas veces vilipendiado, y que muchos querían desaparecerlo. No sabemos a estas alturas qué nos haríamos sin él.

Esto está duro (transcribo vox populi) y más pudiera ponerse, si de acuerdo con el reciente balance del quehacer desarrollado en el 2022 por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el presente año, estará signado por una desaceleración económica a nivel mundial, debido a la inflación, el incremento de las tasas de interés y la reducción de las inversiones.

Todo apunta a que, con el enlentecimiento del crecimiento mundial, podrían verse afectados, aún más, los precios de productos básicos, lo cual socavaría las actividades económicas de los países exportadores.

En el caso de Cuba, como se subrayó, este será otro año en el que, por el persistente bloqueo económico, comercial y financiero, se encarecen los insumos importados, con una insuficiente recuperación de los ingresos en divisas.

El país ha buscado vías alternativas para la entrada de alimentos y otros bienes, como la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, que puedan abastecer el mercado interno.  En Granma, dicho sea de paso, se han probado 685, cifra que cuatriplica la cantidad de entidades estatales, las cuales han dado empleo a cerca de 17 mil trabajadores, el 6,3 por ciento como socios y el 93,7 por ciento como trabajadores.

Han logrado estas, tal era el objetivo, una inserción en las estrategias municipales de desarrollo, la diversificación de bienes y servicios, y el encadenamiento con formas no estatales.

Mas, desde hace un tiempo, ya no son muy bien vistas por la población, porque sienten que también se han sumado a la avalancha desmedida de los precios.

Pero, esta problemática no es exclusiva de los nuevos actores, en todo caso la comparten con los actores estatales, porque hay una resistencia a hacer más objetivos en la formación de precios, a partir de una real apreciación de los costos.

Daniel Silveira Pérez, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno provincial, para la atención a los temas económicos, va más allá y reconoce por una parte que hemos constreñido nuestras ofertas a los productos importados, y que elaboramos muy poco; comercializamos cualquier producto solo con el argumento de que es de una mipyme, sin conocer cuándo vencen ni cómo fueron elaborados; muchas de estas lo que hacen es revender un producto que otra similar ha importado y luego lo revende a un tercero (con sus consiguientes aumentos de precios).

“Hay que estar atento a todo eso, y a casos en que las unidades estatales también venden más caro que los particulares, porque, evidentemente, ahí se da una reventa.  Lo lógico es que se negocien los precios en las compras para que eso no suceda, o, por el contrario, que el particular venda su propio producto”, señaló.

Ante la interrogante de si es posible controlar tal estado de cosas, recordó que los consejos de la administración en los municipios están facultados para topar precios, entre los cuales se incluyen, cuando las circunstancias lo aconsejen y previa conciliación, los de las mipymes que mayor impacto tienen en la población.

ACOMODAMIENTOS Y VIOLACIONES

Hay demasiada tela por donde cortar en este tema, como la creciente tendencia al acomodamiento, como se corroboró recientemente en recorrido por varias cafeterías, donde todo lo que se ofertaba era importado, y nada elaborado, ni siquiera aquellos huevos de codorniz en oferta en la cafetería del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, y que al menos hervidos representarían un alimento incuestionable para los pacientes.

Entre las violaciones cobra también fuerza la tendencia de vender al mejor postor, con impacto en la elevación de precios (y obviamente en la disminución de volúmenes productivos) y en la desprotección a programas sociales, porque ya no pocas entidades e instituciones (por ejemplo, educativas) han mostrado preocupación por el incumplimiento de las cifras que les han sido asignadas en productos, sobre todo agrícolas, porque los productores priorizan como destino a los privados.

Silveira Pérez insiste en la necesidad incluso de aplicar con mayor rigor el decreto que establece que los consejos de la administración municipales, por realizar los balances de alimentos, son los únicos facultados para autorizar el traslado de productos agrícolas fuera del territorio.

Las violaciones al respecto se consideran indisciplinas graves y debe procederse de inmediato al decomiso de los productos y al análisis de los responsables en las comisiones municipales de asuntos agrarios.

Sin embargo, es tanto el afán de querer ingresar a costa de la elevación de precios y no del incremento productivo, que en el territorio, se han dado casos de productos decomisados por esa causa, y que han llegado al mercado con un precio también excesivo, como si al que lo oferta le hubiera costado mucho.

A propósito, en los últimos meses se han hecho más de cuatro mil decomisos, entre otras cosas, de más de un centenar de toneladas de arroz, sobre las 50 toneladas de café, tres de carne de res, alrededor de 300 litros de aceite, más de 10 mil jabones, e igual número de cajas de cigarros, entre otras.

Fueron desactivadas cinco casas almacén y ocho puntos de venta ilegal de mercancías, y por denuncias de delitos de especulación, acaparamiento, actividad económica ilícita, apropiación indebida y receptación, se radicaron 131 denuncias.

¿CÓMO SALIR DE ESTA SITUACIÓN?

En la anterior interrogante se centró el citado balance del MEP, y nosotros también quisiéramos encontrarle respuesta, si cada día la insensibilidad es mayor, la no búsqueda de alternativas, y el desvío de productos de los canales formales de comercialización, mientras casi todo el mundo quiere vender y revender y pocos producir y elaborar.

Casi todo, para no ser absolutos, lo que requerimos, viene de afuera, y va pasando de mano en mano, y en el último eslabón, está la población, cuyos depauperados bolsillos no aguantan ni un margen comercial más.

No es que no necesitemos lo que se importa, no es que no queramos pagarlo; es que no podemos, y al final la cuenta será pareja: nosotros no compraremos y a quienes importan o sirven de intermediarios cada vez les será más difícil vender, si persisten en querer, como bien reza el dicho, coger a Zamora en una hora.