La realidad cotidiana muestra cómo la especulación, la escasez, la ilegalidad y la inflación han alcanzado signos mayúsculos.

Persiste un insuficiente cumplimiento de lo establecido en el decreto sobre la contratación y concertación de los precios y poco dominio de las administraciones locales sobre su contenido.

Ello exige mayor rigor y control, y trabajar con responsabilidad y sensibilidad, teniendo en cuenta el escenario económico y social actual.

Productores, directivos del sector agropecuario y autoridades gubernamentales de Granma se propusieron hacer un proceso profundo y organizado, con calidad superior al del anterior período y con protagonismo de las cooperativas, empresas y entidades municipales, para aprovechar, como uno de los elementos fundamentales, las potencialidades de la contratación.

Tras cerrar la etapa en enero, los resultados distan de los objetivos de alcanzar el necesario autoabastecimiento territorial, devolverle la acción dinamizadora a la empresa estatal y establecer el respaldo al plan de la economía para el  recién iniciado año.

Según evaluaciones del Departamento de Comercialización de la Delegación provincial de la Agricultura, falta contratar unas 15 mil toneladas para responder a la demanda mínima, de 30 libras por consumidor, de viandas, hortalizas, granos y frutas.

Hay agricultores, tenentes o usufructuarios de la tierra y vinculados a las cooperativas de créditos y servicios, sin pactar sus cosechas y algunos que lo hicieron por debajo de las posibilidades, justificándose con los bajos rendimientos en el cultivo, entre otras causas.

El impago al campesino, mal que continúa de antaño, pese a los insistentes llamados a resolverlo, daña la actividad en la Unidad de Acopio de Bartolomé Masó, las empresas de la Industria Láctea, Comercio, Porcino y Ganado Menor.

Otro problema está en el acopio de leche fresca de vaca, al que le faltan más de cuatro millones de litros para llegar al plan con destino a la industria y a la bodega, lo cual  va en detrimento de la entrega del producto a los niños, embarazadas y enfermos, y obliga  a importar con un alto costo en divisa.

Similar situación exhibe la contratación de la carne de res, con déficit que ronda las dos mil toneladas, de las que pende la elaboración de la proteína animal para la canasta familiar normada, la merienda escolar y los  hospitalizados.

Ningún municipio cumplió la tarea y será imposible que haga la denominada recontratación, sin visitar a todos los productores, a quienes les corresponde evitar el desvío de los alimentos y hacer valer la Ley de soberanía alimentaria y nutricional.