Bogotá.-En medio hoy de denuncias por los asesinatos de líderes sociales colombianos, víctimas de crímenes de Estado proponen crear una comisión para vigilar y alertar sobre la situación de esos activistas y evitar violaciones a los derechos humanos.

Es impactante el aumento del accionar paramilitar en el país, denunció ese colectivo mediante una declaración pública, tras atribuir a esas bandas el homicidio de 28 dirigentes durante el último mes.

En total ocurrieron 54 agresiones contra activistas comunitarios, campesinos, de organizaciones progresistas; acciones que incluyen amenazas, atentados, exterminios, montajes judiciales y seguimientos ilegales, precisó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Según esa agrupación, son 15 las regiones castigadas por estos hechos: Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Sucre, Sur de Bolívar y Buenaventura.

Llama la atención -añadió- que las zonas más golpeadas por dicho flagelo fueron las seleccionadas por el Gobierno como sitios prioritarios para implementar los programas del llamado postconflicto.

Ante tal panorama, Movice propuso la constitución de una Comisión Nacional de Garantías de No Repetición, capaz de velar por el respeto a los derechos humanos en momentos cuando avanzan en Cuba las conversaciones de paz entre representantes gubernamentales y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Adicionalmente, hará sugerencias sobre reformas encaminadas a superar las causas estructurales de la violencia socio-política y del conflicto bélico, que deberán incluir cambios dentro de las Fuerzas Militares y de las entidades encargadas de administrar justicia, comentó.

Tal colectividad recordó que una de las motivaciones de las actuales pláticas entre ambas partes beligerantes es detener la victimización de la población civil, perjudicada por más de 50 años de guerra interna.
La confrontación ha ocasionado la muerte a unas 300 mil personas, mientras seis millones permanecen desplazadas de sus lugares de origen y 45 mil están desaparecidas.

Asimismo, Movice anunció que mantendrá comunicación sistemática con los actores de los diálogos en La Habana.

La víspera, el senador Iván Cepeda insistió en la necesidad de que el Gobierno reconozca la existencia del paramilitarismo como primer paso para poder erradicarlo.

De acuerdo con el congresista, ese mal constituye el principal riesgo para lograr un escenario de distensión duradero y para la ejecución de las transformaciones requeridas durante la etapa posbélica.

En tanto la plataforma Marcha Patriótica condenó la oleada de asesinatos contra sus militantes (más de 100 de 2012 a 2016), y pidió apoyo a la comunidad internacional a fin de frenar esa tendencia, que calificó de tenebrosa.