Aún sin concluir, la contratación de productos agropecuarios de 2025 registra atrasos en su ejecución, en la provincia de Granma, al no llegarle, al cierre de noviembre, a los 31 mil 100 tenentes de tierra, personas y entidades que la poseen y la utilizan con potencial productivo.
De la eficiencia y calidad de este proceso, depende el necesario autoabastecimiento territorial, el devolver el protagonismo a la empresa estatal y establecer el respaldo al plan de la economía, para el año venidero.
Se definen los principales destinos de las producciones al turismo, el consumo social, la sustitución de importaciones y el abastecimiento de los mercados agropecuarios, placitas y puntos de ventas.
Según evaluaciones del Departamento de Comercialización de la Delegación provincial de la Agricultura deben contratarse 369 mil toneladas de productos agrícolas, para responder a la demanda, mínima de 30 libras por consumidor, de viandas, hortalizas, granos y frutas.
Mientras, en el acopio de leche fresca de vaca, el plan exige de 16 millones de litros con destino a la industria y a la bodega, lo cual garantizará la entrega del producto a los niños, embarazadas y enfermos y evitar su importación con un alto costo en divisa.
Otro objetivo clave es la carne de res, que prevé aportar 2 mil 400 toneladas, de las que pende la elaboración de esta proteína animal, para la canasta familiar normada, la merienda escolar y los pacientes hospitalizados.
Dirigentes del sector ratificaron el compromiso de cumplir con la tarea, no obstante las dificultades enfrentadas, entre otras, con la digitalización del proceso, por la situación energética, e impagos al campesino, mal que continúa de antaño, pese a los insistentes llamados a resolverlos, lo que afecta la actividad y en lo que están involucradas varias instituciones granmenses.
Hoy, la realidad muestra cómo la especulación, la escasez, la ilegalidad con el desvió de las producciones e inflación han alcanzado signos mayúsculos, en detrimento de la alimentación de la población.
Así, persiste de antaño, un insuficiente cumplimiento de lo establecido, en el decreto sobre la contratación y concertación de los precios e irregularidades en el control de las administraciones locales, todavía sin resolver.
Ello exige de mayor rigor y trabajar con responsabilidad y sensibilidad máxima por la importancia del asunto, teniendo en cuenta el escenario económico y social actual.