Caracas, Venezuela.–Gruesos barrotes separan al cabizbajo recluso y al guardia que, armado, custodia la enladrillada celda. Alien and Sedition Acts se puede leer en la parte superior. Debajo: «1798».
La imagen quedó estampada en una moneda que se acuñó en Estados Unidos, para no olvidar que, como se grabó en el reverso: «Aplicadas en gran medida con fines políticos, las Leyes de Extranjería y Sedición amenazaron los derechos individuales, causaron indignación pública y llevaron a la elección de Jefferson en 1800».
Se trata de cuatro medidas tomadas en el Gobierno de John Adams, y que por su impacto social condujeron al nombramiento de Thomas Jefferson como presidente. Las leyes de Naturalización, Amigos Extranjeros, Enemigos Extranjeros y de Sedición fueron promulgadas por el Congreso en una etapa de tensión política, pues tenían en sus narices la posibilidad de un conflicto bélico con Francia. Además, en la nación prevalecía un ambiente de rivalidades políticas internas, que mantenían a EE. UU. dividido en dos bandos.
Aunque se adoptaron, supuestamente, con la finalidad de fortalecer la seguridad nacional de un país que había obtenido su independencia hacía poco más de dos décadas, incluso en ese momento, se consideraron autoritarias y antidemocráticas.
Con ellas, entre otros efectos, se dificultó la obtención de la ciudadanía y se limitó la libertad de expresión y de prensa. Pero, sobre todo, le otorgó al Presidente la autoridad para detener, arrestar y deportar migrantes sin darles siquiera el derecho de llevar a cabo audiencias judiciales.
Este último aspecto recaía en la Ley de Enemigos Extranjeros, la única que sobrevivió, y que hoy aplica la administración de Donald Trump sobre más de 200 venezolanos que fueron secuestrados y llevados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Si bien es cierto que, durante su campaña presidencial, el entonces candidato republicano prometió que retomaría esa legislación, se pensó, por su evidente inaplicabilidad –pues está centrada en tiempos de guerra– que quedaría solo en la amenaza. La realidad demostró lo contrario, aun cuando se ha visto la repulsión de buena parte de la comunidad internacional e incluso desde dentro del país.
Ante las demandas de información sobre los deportados bajo esa ordenanza, el Gobierno estadounidense invocó el privilegio de Secreto de Estado, el presidente Nayib Bukele hace silencio, y el habeas corpus solicitado por Venezuela ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, sigue sin ser aprobado.
La moneda de 1798 no puede convertirse en la suerte que determine el destino de 238 personas secuestradas al azar. La «cara» y la «cruz» recuerdan el pasado sangriento que no debería repetirse.