La violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más graves en América Latina y el Caribe, con cifras que reflejan la persistencia de un fenómeno estructural.

Según datos de ONU Mujeres y la CEPAL, entre 2020 y 2025 se registraron al menos 19 mil 254 feminicidios en la región, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día. Este panorama se agrava si se considera que la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) estima que una de cada tres mujeres en las Américas ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.

Estos números revelan que, pese a los avances normativos y las campañas de sensibilización, la violencia de género sigue siendo una emergencia social y de derechos humanos.

En el caso de Cuba, los datos del Observatorio de Igualdad de Género muestran avances en algunos indicadores, pero también desafíos persistentes. En 2022, el 2,4 % de las mujeres entre 20 y 24 años había estado casada o en unión estable antes de los 15 años, y el 25,8 % antes de los 18.

Las cifras reflejan la permanencia de uniones tempranas que limitan el desarrollo personal y educativo de las jóvenes. A ello se suma la fecundidad adolescente, que se mantiene elevada, con más de 40 nacimientos por cada mil adolescentes en algunos territorios.

Aunque se observa una tendencia hacia una mayor participación femenina, las brechas territoriales muestran que aún existen obstáculos estructurales para garantizar igualdad plena en el ámbito productivo. El Observatorio actualizó en 2024 veintiuno de sus treinta y tres indicadores, lo que permite un análisis más detallado de las brechas y avances en materia de género.

La comparación entre los datos regionales y los nacionales revela que la violencia de género no puede abordarse únicamente como un problema de seguridad. Se trata de un fenómeno que impacta la salud pública, el desarrollo económico y la equidad social.

Mientras América Latina enfrenta cifras alarmantes de feminicidios y violencia doméstica, Cuba muestra indicadores que, aunque reflejan ciertos avances en igualdad, evidencian la persistencia de patrones culturales y desigualdades estructurales.

La fecundidad adolescente y las uniones tempranas son ejemplos claros de cómo la violencia de género se manifiesta también en formas menos visibles, pero igualmente dañinas.

El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) en Cuba, aprobado por el Decreto Presidencial 198/2021, constituye la principal política pública para enfrentar la violencia de género y promover la igualdad.

Este programa busca garantizar la integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Para ello, impulsa acciones que fortalecen los mecanismos institucionales, la capacitación de funcionarios y la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de políticas, programas y servicios.

Además, fomenta el diálogo entre gobierno, sociedad civil y sector empresarial, lo que permite un abordaje más amplio y participativo de los problemas relacionados con la violencia y la desigualdad.

En la práctica, el PAM se centra en siete áreas prioritarias: la atención a la violencia de género, la salud, la educación, la participación económica, la representación política, la comunicación social y el acceso a la justicia.

A través de estas líneas de acción, el programa busca reducir fenómenos como las uniones tempranas y la fecundidad adolescente, al tiempo que promueve la autonomía económica y social de las mujeres.

Su implementación ha permitido articular políticas más coherentes y dar continuidad a los avances en igualdad de género, reforzando la idea de que la violencia contra las mujeres no es solo un problema individual, sino un desafío estructural que requiere respuestas integrales y sostenidas

La violencia de género en América Latina y el Caribe exige políticas integrales que combinen prevención, atención y sanción, siempre basadas en datos oficiales y con enfoque comunitario.

La evidencia estadística demuestra que la violencia de género no es solo un problema individual, sino una cuestión estructural que requiere respuestas colectivas, sostenidas y con perspectiva de derechos humanos.