La administración del presidente Donald Trump da un paso más en el recrudecimiento de su política antinmigrantes con la implementación de la Proclamación 10949, una expansión de las restricciones de viaje que establece la exclusión demográfica selectiva y borra de un plumazo el principio de reunificación familiar.

Aunque el Gobierno intenta justificar tamaño atropello con la narrativa de que se trata de una acción para proteger al país, en realidad estamos en presencia de una medida que tiene un costo humano significativo.

Además, todo esto ocurre en un escenario complejo, al que se suma el operativo migratorio lanzado por el Gobierno estadounidense en Nueva Orleans, nombrado Catahoula Crunch, cuyo objetivo declarado es la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El operativo apunta a la detención masiva de migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, algo similar a la acción que desató un amplio despliegue de fuerzas federales no hace mucho en varias ciudades gobernadas por demócratas.

Siguiendo con la proclamación de la Casa Blanca, la medida impone restricciones a la entrada de ciudadanos de 19 países, dividiéndolos en dos categorías principales: prohibición total para 12 países, entre ellos Afganistán, Chad, Haití, Irán, Libia, Somalia; y prohibición parcial para siete países, que incluye a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Turkmenistán.

A diferencia de medidas anteriores, esta política no se limita a futuros viajeros; incluye una revisión profunda de todas las solicitudes de residencia permanente y ciudadanía de personas de estos países que ya se encuentran en Estados Unidos, incluso si llevan años en el país y tienen procesos avanzados. Esto ha generado la cancelación repentina de entrevistas y actos de naturalización, sumiendo a miles en la incertidumbre.

La administración sostiene que la prohibición se basa en criterios de seguridad; sin embargo, el Gobierno utiliza métricas selectivas, manipula los datos sobre permanencias ilegales, excluye de la lista a países con índices muy altos, mientras incluye a otros con índices muy bajos, lo que sugiere que el criterio no es objetivo.

En ese orden de cosas, la premisa esgrimida por Washington de que EE. UU. depende de los sistemas de otros países para los antecedentes penales es falsa. El país cuenta con un aparato propio para identificar amenazas, independientemente del origen del solicitante.

Para la emigración cubana, el impacto es profundo y doloroso, dado que la medida ha eliminado prácticamente todas las vías de reunificación familiar legal, excepto para los familiares inmediatos: cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses.

Ahora, familias que han esperado una década o más por una entrevista consular, tras completar todos los trámites y pagos, reciben una negativa automática gracias a la proclama presidencial.

Además, la expansión de la política a quienes ya están en EE. UU. significa que cubanos que ingresaron legalmente ahora ven sus procesos detenidos indefinidamente.