El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido contra cinco entidades cubanas y ocho funcionarios de alto rango, bajo la acusación de facilitar la importación de armamento y el desarrollo de cooperación militar con Rusia y China.
La medida, adoptada en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, fue dada a conocer por el Departamento de Estado y representa una escalada en la presión económica contra la Isla.
Entre las empresas sancionadas figuran Tecnoimport y Tecnotex, ambas subsidiarias del conglomerado GAESA, vinculadas a la importación de equipos militares y a la reparación de helicópteros de fabricación rusa.
También fueron incluidas Duna S.A., señalada por facilitar la entrada a Cuba de material militar procedente de China y Rusia; la Unión de Industria Militar, responsable de la producción y modernización de armamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento de aeronaves militares rusas.
La lista de ocho funcionarios sancionados incluye al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y al jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo.
También figuran Roberto Jesús Viciana Mousset, Heriberto Sánchez Alleyne, José Antonio Remón Rodríguez, Óscar Enrique Biosca Gallego, así como los agregados militares en Rusia y China, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, respectivamente.
Las sanciones implican la congelación de cualquier propiedad o interés financiero de los designados bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de que personas y empresas de EE.UU. realicen transacciones con ellos.
Washington advirtió además que bancos y compañías extranjeras que mantengan negocios con los sancionados podrían quedar expuestos a medidas similares, en un intento por ampliar el cerco financiero más allá de sus fronteras.
La acción se produce en un contexto de endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana, que incluye la reciente inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, y el restablecimiento de restricciones que habían sido flexibilizadas durante la administración anterior.