Estados Unidos sigue desplegando todo su arsenal de injerencismo y coerción contra los países latinoamericanos y caribeños. Ahora vuelve a utilizar la herramienta de la politización de la justicia, al arremeter contra jueces y fiscales que obstaculizan sus planes en la región.

Ya no basta con con entrometerse y manipular, a través de Cerimedo y otros proxis, las elecciones presidenciales en casi una decena de países de la región. Tampoco es suficiente con presionar a esos gobiernos y a empresas a abandonar proyectos e inversiones chinas y abrir las puertas de par en par a los intereses norteamericanos. Ni siquiera se contentan con el desfachatado e ilegal secuestro de un presidente para apropiarse del abundante petróleo de su país.

La anulación de visas y prohibición de entrada a Estados Unidos a jueces fiscales y otros funcionarios latinoamericanos decretada el lunes pasado por el Departamento de Estado,  oculta entre su maremágnum los nombres de autoridades jurídicas que han participado de decisiones nada gratas para Washington.

El caso más notorio es el del Fiscal General de Bolivia, quien fue secuestrado y puesto bajo arresto, se dice que por órdenes de Estados Unidos y de la presidencia boliviana.

El lunes, el Departamento de Estado norteamericano había anunciado la cancelación de visas a casi una veintena de funcionarios y empresarios de la región, en el marco de los operativos de la alianza Escudo de las Américas.

En el caso de Roger Mariaca, lo acusó de haber recibido sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la Justicia. El fiscal, sin embargo, aseguró que Washington no presentó públicamente ninguna prueba.

Mariaca rechazó los cargos y dijo haberse enterado “con mucha sorpresa“. Consideró la medida un acto de “injerencia” y “presión política”, y sostuvo que su trabajo “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro” del país.

En una conferencia de prensa, fue categórico: “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”. Y agregó: “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”.

Apenas dos días después de que Estados Unidos le retirara el visado por supuestos vínculos con el narcotráfico, Mariaca fue detenido por las autoridades bolivianas para investigaciones por lavado de activos y organización criminal.

¿Será porque encausó a Cerimedo?

Lo que vuelve más polémico este episodio es que Mariaca lideraba la investigación contra Fernando Cerimedo, consultor argentino detenido en Bolivia por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico. La coincidencia de que el fiscal encargado de procesar a Cerimedo sea arrestado justo después de las sanciones de EE.UU. ha levantado sospechas de que se busca debilitar el caso.

Evo Morales denunció públicamente que la suspensión de visas es un instrumento de presión política para favorecer la liberación de Cerimedo, a quien vinculó con redes de poder cercanas al presidente boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía boliviana calificó la detención como un “secuestro” y denunció que se realizó sin orden judicial, mientras medios locales difundieron imágenes de supuestos bolsos con dinero atribuidos a Mariaca.

El vicepresidente Edmand Lara, en abierta enemistad con el presidente Paz, denunció la supuesta participación de agentes de la DEA en el operativo contra Mariaca. “Ningún agente policial extranjero puede ejercer las funciones de aprehensión en territorio boliviano”, afirmó.

Nadia Beller, la examante de Cerimedo que fue baleada por sicarios a su orden, al saber del arresto del Fiscal General, dio a conocer fotos donde se ve al consultor argentino con su operador en jefe Brad Parscale y el hijo de Donald Trump, para acentuar la certeza de los vínculos de Cerimedo con el poder estadounidense y el interés de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en  volar en pedazos el proceso judicial en su contra.

La abogada Beller escribió en Facebook: “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”. Y agregó: “¿Es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”, en referencia al programa antidroga impulsado por la Casa Blanca en alianza con las derechas de Sudamérica.

Eso quedó notorio ayer, cuando Marco Rubio apoyó públicamente el actuar ilegal de las autoridades bolivianas:

“Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”, aseguró el encargado de la diplomacia estadounidense.

🗣 “La Administración Trump respalda firmemente al presidente Rodrigo Paz y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia al adoptar acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”, añadió.

Llama la atención, que el nuevo abogado de Cerimedo, Yamil Castro Bianchi, sostuvo en la radio argentina Del Plata hace una semana que tiene la expectativa de que su cliente recupere la libertad en noviembre. “Más de uno va a tener que comprarse un par de pañales para cuando Cerimedo vuelva a Argentina y hable. Este muchacho sabe más que la fórmula de la Coca-Cola”, dijo.

Vale apuntar también que, entre los sancionados por Washington en los últimos días, está el juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, que adquirió notoriedad este año por una resolución relacionada con el megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa vinculada al capital chino.

Estados Unidos ha presionado al gobierno peruano para sacar a China del manejo de esa infraestructura. El embajador estadounidense en Lima justificó la medida contra Núñez Matos en un post en X: “Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”.

(Con información de agencias y periódicos)