
Según el gobernante, quien dio un discurso al respecto en la sede del Departamento de Transporte, su objetivo es acelerar, de hasta una década, como ocurre ahora, a dos años, el proceso de aprobación de las obras a construir.
Para logar tal propósito surgirá un nuevo consejo que ayudará a los directores de proyectos y establecerá sanciones a las agencias federales incumplidoras de los plazos acordados.
Estamos aquí para enfocarnos en resolver uno de los mayores obstáculos de la creación de una nueva y desesperadamente necesaria infraestructura, puntualizó el mandatario.
Sostuvo que su administración está comprometida a poner fin a los terribles retrasos de una vez por todas.
El horrendo tiempo de espera para otorgar permisos ha causado un enorme dolor financiero a las ciudades y los estados, y ha impedido que muchos proyectos importantes salgan al terreno, agregó.
Por otra parte, la Casa Blanca también establecerá un denominado consejo de calidad ambiental para aclarar las líneas de autoridad y agilizar los procedimientos federales, estatales y locales.
Ayer, la mansión ejecutiva ofreció nuevos detalles sobre el plan de infraestructura que quiere impulsar Trump.
De acuerdo con funcionarios de la administración, se pretende inyectar 200 mil millones de dólares y estimular que los otros 800 mil millones lleguen a través de alianzas público-privadas y reformas regulatorias.
Una hoja informativa publicada en la página digital de la presidencia precisó que 100 mil millones estarían destinados a los estados y entidades locales para priorizar sus propias necesidades de infraestructura.
Otros 25 mil millones irían a donaciones para iniciativas rurales y 15 mil millones para proyectos transformadores.
El resumen no especifica el destino del resto del dinero, pero un documento presentado también esta semana se refirió a una cuarta categoría, la de proyectos regionales o nacionales importantes dentro de un programa de financiamiento federal.