Aún sin concluir, la contratación de productos agropecuarios de 2025 registra atrasos en su ejecución, en  la provincia de Granma, al  no llegarle, al cierre de noviembre, a  los 31 mil 100 tenentes de tierra, personas y entidades que la poseen y la utilizan  con potencial productivo.

De la eficiencia y calidad de este proceso, depende el necesario autoabastecimiento territorial, el devolver el protagonismo a la empresa estatal y establecer el respaldo al plan de la economía,  para el año venidero.

Se  definen los principales destinos de las producciones  al turismo, el consumo social, la sustitución de importaciones y el abastecimiento de los mercados agropecuarios, placitas y puntos de ventas.

Según evaluaciones del Departamento de Comercialización de la Delegación provincial de la Agricultura deben contratarse 369 mil toneladas  de productos agrícolas, para responder a la demanda, mínima de 30 libras por consumidor, de viandas, hortalizas, granos y frutas.

Mientras, en el acopio de leche fresca de vaca, el plan  exige de 16 millones  de litros con destino a la industria y a la bodega, lo cual garantizará la entrega del producto a los niños, embarazadas y enfermos y evitar su importación con un alto costo en divisa.

Otro objetivo  clave es  la carne de res,  que prevé aportar 2 mil 400 toneladas, de las que pende la elaboración de esta proteína animal, para la canasta familiar normada, la merienda escolar y los pacientes hospitalizados.

Dirigentes del sector ratificaron el compromiso de cumplir con la tarea, no obstante las dificultades enfrentadas, entre otras, con la digitalización del proceso, por la situación energética, e  impagos al campesino, mal que continúa de antaño, pese a los insistentes llamados a resolverlos, lo que afecta la actividad  y en lo que están involucradas varias instituciones granmenses.

Hoy, la realidad muestra cómo la especulación, la escasez,  la ilegalidad con  el desvió de las  producciones e  inflación han alcanzado signos mayúsculos,  en detrimento de la alimentación de la población.

Así,  persiste de antaño, un insuficiente cumplimiento de lo establecido,  en el decreto sobre la contratación y concertación de los precios e irregularidades en el control  de las administraciones locales,  todavía sin resolver.

Ello exige de mayor rigor  y trabajar con responsabilidad y sensibilidad máxima por la importancia del asunto, teniendo en cuenta el escenario económico y social actual.