Brasilia, – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple hoy arresto domiciliario y fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa golpista tras las elecciones de 2022, podría comenzar a acatar su sentencia en diciembre.

El histórico veredicto fue emitido el 11 de septiembre por la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), con una votación de cuatro a uno.

Además de Bolsonaro, otros siete aliados recibieron penas que oscilan entre 16 y 27 años de prisión, incluyendo a figuras como los generales Walter Braga Netto y Augusto Heleno.

Las condenas se basaron en delitos como tentativa de golpe de Estado, organización criminal armada y daños al patrimonio público.

Actualmente, Bolsonaro se encuentra bajo reclusión en casa desde el 4 de agosto, tras ser acusado de violar medidas cautelares impuestas por el STF en otro proceso judicial.

Su defensa solicita la revocación de esta medida, argumentando que no existen cargos formales en su contra en relación con la investigación que condujo a su detención.

De rechazar el Supremo las apelaciones, la ejecución de las sentencias podría iniciarse entre noviembre y diciembre.

En ese caso, los condenados no serían recluidos en celdas comunes, pues, según el Código de Procedimiento Penal, los oficiales del Ejército tienen derecho a detención especial.

Las posibles ubicaciones para el cumplimiento de los correctivos incluyen la prisión de Papuda en Brasilia, la sede de la Policía Federal o las instalaciones del Comando Militar del Palacio del Planalto, sede capitalina del Poder Ejecutivo.

Además de las apelaciones nacionales, la defensa de Bolsonaro expresa su intención de llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que la condena es «excesiva y desproporcionada».

Demanda que el castigo se cumpla bajo encierro domiciliario debido al estado de salud de Bolsonaro.

La condena solo debería ejecutarse una vez agotados todos los recursos, cuando la decisión resulta firme.

Asimismo, el Congreso Nacional evalúa un proyecto de ley que propondría una reducción de las penas para los implicados en el intento de golpe del 8 de enero de 2023, aunque esta iniciativa genera controversia y rechazo en sectores de la izquierda.

La situación de Bolsonaro sigue siendo un tema de intenso debate político y judicial en Brasil, con implicaciones significativas para su futuro y el panorama electoral de 2026.

Por vez primera en la historia del gigante sudamericano un expresidente es castigado por un golpe de Estado.