Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España establecieron este domingo su postura frente a las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, en un comunicado conjunto en el que expresaron su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas “ante la gravedad de los hechos ocurridos” en el país sudamericano.

En un comunicado conjunto, los seis países expresan su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Estas acciones —señalan-, “constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reiteran que la situación en Venezuela “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

En el comunicado conjunto, reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacifica de las controversias y la no intervención”, y hacen “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

Igualmente, exhortan al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes “a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”, concluye el comunicado conjunto de los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España.