Brasilia, – Más de 700 personas murieron en Brasil como resultado de la violencia política letal entre 2003 y 2023, reveló un estudio difundido hoy, que alertó sobre el elevado promedio anual de esos crímenes.

La investigación, realizada por la Universidad de São Paulo (USP) y el Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (Cebrap), contabilizó mil 228 víctimas de violencia política en el período, al incluir asesinatos consumados, intentos de homicidio y amenazas graves de muerte.

Del total, 760 personas fueron asesinadas, 358 sufrieron intentos de asesinato y 110 recibieron amenazas, lo que representa un promedio anual de 61,4 casos, cifra considerada elevada para una democracia consolidada, alertó el estudio, divulgado por el diario Folha de São Paulo.

La pesquisa analizó hechos ocurridos contra políticos —en ejercicio, candidatos o exautoridades hasta cinco años después de dejar el cargo— y contra activistas sociales, a partir de datos recopilados en reportes periodísticos de los portales G1 y del diario O Globo, mediante técnicas automatizadas de búsqueda y posterior depuración manual.

Según los resultados, 63 por ciento de los ataques tuvo como objetivo a políticos, frente a 36 por ciento contra activistas, lo que contradice la percepción de que los primeros gozan de mayor protección institucional.

La violencia política se concentró de manera abrumadora en el ámbito municipal, donde ocurrió 88 por ciento de los ataques contra integrantes de la clase política, lo que refuerza la conclusión de que la política local resulta particularmente violenta en Brasil.

Con respecto a los activistas, el 72 por ciento de las muertes ocurrió en zonas rurales o forestales, principalmente vinculadas a conflictos por la tierra.

El informe señala que 88 por ciento de los asesinatos se cometió con armas de fuego, lo que, según los investigadores, evidencia un patrón de crímenes planificados y ejecutados de forma profesional, favorecido por la amplia disponibilidad de armamento y la existencia de un mercado de sicarios.

La investigación arrojó, además, que el número de muertes alcanzó sus niveles más bajos durante los dos primeros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, con promedios anuales de 21,5 y 15,8 asesinatos, respectivamente.

Esa cifra aumentó hacia el final del segundo gobierno de Dilma Rousseff, quien salió del cargo por un golpe de Estado parlamentario en su contra, y se mantuvo elevada durante las administraciones de Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Para la coordinadora del estudio, la politóloga Angela Alonso, el aumento de la violencia armada durante el gobierno de Rousseff está vinculado a la crisis política que condujo a su destitución.

Apuntó que la transición a la derecha intensificó un discurso a favor de las armas que aboga por la resolución de conflictos sin intervención estatal. “Esto significa que la sociedad también está resolviendo sus conflictos con balas”, apuntó.