Hace algunos días, los bayameses asistieron a una suerte de protesta de algunos concurrentes a mercados agropecuarios, quienes se mantuvieron horas inactivos, como rechazo a la disposición del territorio de disminuir los precios de un grupo de productos con alta demanda.
La disposición acaparó la atención de muchos, incluido por supuesto el pueblo, como beneficiario, el que recibió con beneplácito otros límites máximos a considerar sobre la base de la oferta y la demanda, para productos como el arroz, los frijoles, y varias viandas y hortalizas.
Mas, aunque los nuevos precios fueron incluso publicados en este semanario, lo sucedido con estos, en los días siguientes, no fue diferente a lo ocurrido tras otros intentos anteriores de situar precios un poco más accesibles a los resentidos y agonizantes bolsillos de quienes hoy solo viven de su salario.
La reacción, en honor a la verdad, se ha hecho recurrente: primero se anuncia la rebaja, a esta le sigue el desacuerdo de los vendedores, y finalmente queda todo como si nada se hubiese dicho.
Un breve recorrido por puntos de venta así nos lo corroboró. Solo unas pocas horas después, sin escondrijo alguno, la malanga continuó entre 45 y 50 pesos la libra, la calabaza a 20, el arroz a 60, el frijol a 200 (para estos se habían fijado 15, cinco y cuarenta pesos en ese orden), por citar algunos productos, mientras la col reafirmaba su reciente aparición a 100 pesos la libra, y el pimiento llegaba a la tarima igualando a esta última en esos mismos excesos.
Cuestionamientos latentes
La odisea de esos precios excesivos, la estamos sufriendo desde que se facultó a determinadas entidades a aprobar precios minoristas en pesos cubanos, amén de que el Ministerio de Finanzas y Precios explicó que “las entidades no pueden hacer un uso arbitrario de estas facultades, sino deben aplicar principios y procedimientos que les permitan cubrir los costos y gastos de comercialización”.
Esas facultades en no pocos casos han favorecido una subida desproporcionada y no siempre objetiva de los precios, lo que en lugar de frenar la inflación ha privilegiado la rentabilidad de determinadas a empresas aun cuando incumplen con creces sus encargos estatales.
Esa libertad para establecer precios, y que comenzó en 2011 a partir del 6to Congreso del Partido, con el objetivo de fortalecer la autonomía del sistema empresarial cubano, fue la misma que a partir del 2016 modificó el precio topado de un grupo de productos agropecuarios, mientras otros se descentralizaron.
Si bien tal decisión tenía en cuenta el incremento de los costos de producción y comercialización debido a los altos precios de las mercancías, y la liberación de los precios mayoristas en la agricultura tenía, entre otras medidas, el propósito de desarrollar el sector, no ha logrado al menos estimular mayores volúmenes productivos.
Y no ha sido la ficha de costo, la determinante en la fijación de los precios, mientras en no pocos casos ha primado el afán de obtener miles de pesos a toda costa, sin relación alguna con los gastos, afectando a los consumidores.
Ángel Luis Rodríguez Quiala, jefe del colectivo laboral del Mercado Agropecuario Estatal Jesús Menéndez, de Bayamo, y con año de funcionamiento adscripta a la Empresa de Acopio Granma, reconoce que son constantes las críticas de la población sobre el particular.
“En mi criterio, desde que fue adoptada la política de descentralización de las acciones comerciales, se han generado trastornos con la intervención de entidades con insuficiente preparación para elaborar fichas de costo y la contratación.
“El modelo de gestión con los nuevos actores también flexibiliza las relaciones de comercialización, libera los precios, son diferentes las propuestas, y por su puesto el campesino le vende al que más le pague.
“Ahí comienza la cadena en la distorsión de los precios, a lo que se suma la participación, a partir de la compra directa, de otros intermediarios inescrupulosos. Se produce, por demás, una real competencia, entre quienes pueden adquirir mayores volúmenes de la mercancía, aprovechándose de sus posibilidades de contar con el transporte.
Tal estado de cosas ha impactado también en las tablillas de la gastronomía estatal, un sector en torno al cual pululan igual criterios preocupantes sobre el desvío de productos con fines de lucro personal, y en el cual los precios se mandan y se zumban desde que estrenó también un modelo de gestión que funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda.
Rodríguez Quiala, apuesta por la creación de más colectivos laborales agropecuarios, como el que él dirige, acogido a límites máximos en la venta por libras de viandas, hortaliza, granos y frutas, y determinados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios en el territorio.
Explicó que con el margen comercial de la venta, a pesar de no rebasar los tres pesos pueden pagar impuestos, salarios y combustibles, y tienen discretas utilidades que se reparten entre los obreros y emplean en mejorar la instalación.
Nuevas acciones
¿Cómo lograr en definitiva que las disposiciones territoriales dirigidas a regular los precios, sean definitivamente respetadas?
La más cercana y esperanzadora respuesta en ese sentido emergió de la última reunión del Consejo de Ministros, en la que el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, convocó a desarrollar un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos.
La reunión enlazó por video-conferencia a las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, y en ella se presentó un plan integral y minucioso que contiene más de 40 directivas generales, encaminadas a un mayor enfrentamiento a esas nocivas tendencias.
Acaso el intento por regular precios, al cual se hace referencia al inicio de este trabajo, fue la primera reacción del territorio ante la anterior convocatoria de la máxima dirección del país, pero la respuesta aún no quiere aterrizar ni en tarimas, ni en unidades prestadoras de servicios.
Lograr un cambio debe partir sobre todo de un análisis consciente de la necesidad de elevar los niveles productivos y luego fijar precios en real correspondencia con los costos.
Si en medio de las condiciones actuales, algunos pudieran entender que es imposible ese ordenamiento, el municipio de Niquero, tal vez es hoy la mejor referencia en el territorio de que sí es posible lograrlo.
El aprovechamiento de las potencialidades agrícolas y la creación de bloques productivos, la ocupación de las máximas autoridades y la voluntad del pueblo (con siembras en patios y parcelas), han hecho posible una creciente presencia de viandas y hortalizas en la demarcación.
Al ofrecer la información Alexis Ceruto Milanés, Coordinador de los Programas y Objetivos que atiende la economía en el municipio, explicó que hoy es posible adquirir allí el plátano vianda a 10 pesos la libra, el plátano burro, la yuca y el boniato a cinco pesos y la calabaza a cuatro, todo por ese amplio movimiento en el que intervienen tanto entidades estatales como la población, y cuyo resultado final es el incremento de los volúmenes productivos.
Sobre esa base, en nuestra opinión, debe descansar cualquier análisis que en lo adelante se realice en torno al tema precios, en debates que sensibilicen tanto a productores como a comercializadores.
Porque, de lo que se trata no es de que ahora se desaparezcan los productos de los mercados, como ha sucedido en otras ocasiones, sino de que haya una oferta acequible a la población y con un margen aceptable de ganancia para quienes la realizan.
La tarea en general no será fácil, porque como bien señalara el Mandatario cubano, se ha creado internamente una casta especuladora, dentro de la cual se produce un intercambio mercantil ilegal y corrupto, a la que solo le interesa engrosar sus bolsillos con el dinero proveniente de productos desviados, y a la que no le importa que los precios exorbitantes (porque cómodamente puede asumirlos), sigan comiéndose la capacidad de compra del salario obrero.
En Granma, de acuerdo a declaraciones de Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria del Partido en la provincia, se trabaja no solo en elevar las siembras y los rendimientos en los seis polos productivos y optimizar la explotación de cada hectárea en medio de situaciones complejas con casi todos los recursos, sino de forrtalecer el enfrentamiento a la ilegalidad, la indisciplina y el desorden.
La dirigente enfatizó en que la responsabilidad de ese combate, además de la Dirección de Inspección y otros órganos de control, recae, en primera instancia en las administraciones a todos los niveles, cuyo deber es que las empresas y unidades bajo su control cumplan con las disposiciones, controlen los recursos, e impulsen nuevas metas económicas y productivas sin dañar a la población, al contrario, proporcionándole más ofertas y servicios a precios tan módicos como rentables.