De acuerdo con la autoridad, la próxima semana quedaría sin efecto el Decreto 141 de octubre pasado, que establecía procedimientos especiales para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo, en detrimento de los pobladores de esas comunidades, como los del sector Miguel de la Borda, en Donoso, que exigieron dialogar con el Ejecutivo.

Concepción aseveró que se trata de un problema histórico, pues la comunidad de los distritos Donoso y Omar Torrijos se encuentran dentro del área protegida y demandan contar con títulos de propiedad sobre sus tierras, situación que evaluará una mesa técnica del Gobierno.

El pasado 7 de diciembre, campesinos y movimientos sindicales de Colón señalaron que las pláticas solicitadas al Ejecutivo intentaron evitar que la normativa permitiera a terceros el uso de sus tierras, declaradas áreas protegidas.

Según explicó a la prensa la arquitecta y ambientalista Raisa Banfield, la disposición, sancionada en octubre último, viola unas 35 normas legales sobre la preservación de la flora y la fauna.

Acerca del Decreto 141 que atañe territorios ricos en minerales y con asentamiento de comunidades tradicionales, la integrante de la Fundación Panamá sostenible aseveró que su verdadero interés es abrirse a la comercialización de los suelos.

Angel Coronado, residente en esa localidad caribeña, adelantó que si sus demandas no arrojaban los resultados esperados, no habría otra solución que salir a las calles.

La principal objeción de las comunidades es que el instrumento jurídico contraviene el derecho a la titulación de tierras y afecta a personas que llevan decenas de años asentadas en esos terrenos, sin que hayan sido reconocidas por el Estado y los organismos correspondientes.

Los demandantes acordaron presentar un pliego de exigencias al presidente Laurentino Cortizo, que abarca el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y las unidades de atención de Salud Pública, inversión en educación y la construcción de carreteras bien pavimentadas.

También exigen ser consultados en el diseño del plan de desarrollo regional.

Los moradores de esas tierras son en gran parte familias que se dedican a la agricultura y a la protección del ecosistema rico en biodiversidad y recursos hídricos.